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No es país para temporeros

04/05/2020

Por Jesús López Colmenarejo, director ejecutivo

El pasado 7 de abril se aprobó un real decreto ley por el que se adoptaban medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario. El objetivo no es otro que exista mano de obra disponible para varias campañas agrícolas inminentes afectadas por las limitaciones de movilidad implantadas a causa de la crisis de la COVID-19.


El sector agrario español da empleo a aproximadamente 300.000 asalariados temporales, de los que en torno a la mitad son extranjeros. Las nacionalidades son variadas pero por cuestiones de proximidad la importancia de los trabajadores marroquíes es alta. Sirva como ejemplo un dato: el cierre de la frontera con Marruecos el pasado 13 de marzo bloqueó la llegada de unas 11.000 temporeras que cada año recogen frutos rojos en Huelva, dos terceras partes del total de las que suelen llegar cada año.

Al cierre de Marruecos se suman las restricciones intercomunitarias, que también han impedido el desplazamiento de los temporeros búlgaros y rumanos que cada año se emplean en los campos españoles, algo que también está afectando a otros países de la UE como Francia o Alemania. Se estima que serán necesarios entre 100.000 y 150.000 trabajadores; no en vano, ahora empieza la temporada alta en algunos cultivos como las frutas de hueso, que se irá concatenando con otros hasta bien avanzado el verano.

Las medidas que implanta este real decreto ley favorecen la contratación temporal de trabajadores mediante el establecimiento de medidas de flexibilización del empleo, que permiten, por ejemplo, que de forma extraordinaria se pueda trabajar en el campo y a la vez cobrar el paro.

Para agilizar estos procesos, varias organizaciones agrarias, en coordinación con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, están fomentando la creación de bolsas de trabajo en las que se inscriben parados, trabajadores en situación de ERTE provenientes del sector de la hostelería, oficinas, servicios, o estudiantes que ven en esta circunstancia una oportunidad.

Son miles de inscritos, pero hay tres circunstancias que limitan esta iniciativa. Una es que querer no siempre es poder. Los aspirantes a trabajos agrarios no suelen estar acostumbrados a la dureza que muchas veces implica el trabajo en el campo. Para muchos esta es su primera experiencia y las expectativas y la realidad están tan alejadas que los agricultores que ofrecen el empleo estiman que solo el 60% de los inscritos pasan el corte. Por esta razón, el sector solicita una regularización de emigrantes “sin papeles” a los que este trabajo pueda suponer un arraigo.

Otra es la limitación de movimientos entre comunidades autónomas, ya que la movilidad se permite entre localidades cercanas pero son muchas las peticiones que vienen de ciudades como Madrid o Málaga. La brecha entre el campo y la ciudad no sólo es psicológica sino también geográfica y en este sentido se requeriría una cierta flexibilización del movimiento de trabajadores de unas comunidades a otras, a pesar del estado de alarma.

Finalmente, la tercera limitación afecta a los medios de transporte de los trabajadores a las explotaciones, ya que los vehículos solo pueden ir al tercio de su capacidad. En esta línea se están produciendo contrataciones en masa de autocares, aunque también se ha solicitado que el aforo del transporte pueda ampliarse hasta el 50% con medidas de vigilancia específicas.
Si algo sacaremos en claro con esta crisis es la importancia de la mano de obra especializada en el campo. Su ausencia puede provocar un corte de la cadena de abastecimiento de consecuencias importantes. Cuando todo esto pase, ¿tomaremos nota?

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