Editorial Agricola
Economía

'Nuestros alimentos cumplen con unos mayores estándares de calidad, que implican mayor esfuerzo para los productores y mayores costes de producción'

01/07/2019

Por Marta Fernández, periodista agroalimentaria

Carmen Crespo aterrizó en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía el pasado mes de enero. Cumplidos casi seis meses al frente de la misma, hemos conversado con ella sobre la situación del sector agroalimentario andaluz, sus prioridades y proyectos. El  denominador común es la defensa de los intereses de cada uno de los agentes implicados en la cadena de valor, en cuya lucha está inmersa y donde sectores tan sensibles como el de cítricos, aceituna y olivar forman parte de sus prioridades.


AGRICULTURA. El pasado 22 de enero tomó posesión y uno de los primeros cambios fue la nomenclatura de su departamento, que ha pasado a denominarse Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. ¿Responde este cambio a una declaración de intenciones en referencia a sus prioridades en esta legislatura? ¿Puede detallarnos cuáles son?

CARMEN CRESPO. Responde, más que a una prioridad, a una necesidad de aprovechar al máximo las oportunidades de crear riqueza y empleo sin descuidar, por supuesto, el máximo respeto al medio ambiente. Porque hasta ahora había una falsa protección del entorno natural que ha derivado en una parálisis del sector agroalimentario y ambiental debido a la paralización durante años de numerosos expedientes administrativos.

En concreto, hemos realizado un análisis de la situación a nuestra llegada al Gobierno y hemos detectado más de 4.300 expedientes ambientales en Andalucía pendientes de tramitación. Se trata de un bloqueo que ha frenado 6.500 millones de inversión y ha supuesto la pérdida de nada más y nada menos que 92.000 empleos potenciales en la región.

Por el contrario, nosotros creemos en una comunidad autónoma con posibilidades de desarrollo sostenible y estamos trabajando en ello desde el primer día. Vamos a aligerar la carga administrativa y los tiempos de tramitación. Eso sí, manteniendo siempre, por supuesto, los requisitos de protección del medio ambiente para conjugar actividad económica y conservación ambiental de forma exitosa.

AGR. La agricultura y la industria agroalimentaria son, sin duda, un puntal para la economía de Andalucía. ¿Cuál es su valor añadido y qué papel juegan aquí los ingenieros agrónomos?

C. C. Efectivamente, el agroalimentario es uno de los principales motores de nuestra economía. Se trata de un sector que aporta el 8% del PIB y el 10% del empleo de la comunidad autónoma y que, además, tiene un gran peso en las ventas internacionales. Alrededor del 25% de las exportaciones de alimentos y bebidas de España proceden de nuestra tierra.

Y entre los valores de la actividad agroalimentaria no podemos olvidar tampoco su contribución a la fijación de la población en las zonas rurales. Indispensable en estos momentos en que parece que el éxodo a las grandes ciudades es de nuevo una realidad en España.

Los ingenieros agrónomos son, por tanto, imprescindibles para continuar avanzando en un sector que es y debe seguir siendo punta de lanza de nuestra economía. Sus fortalezas nos dan impulso para continuar trabajando en la superación de los retos que deben afrontar los agricultores, ganaderos, pescadores y empresarios agroindustriales cada día y en los que los agrónomos tienen mucho que aportar. Llevar la tecnología más puntera a las fábricas y fincas, mejorar los procesos de producción para lograr una mayor estabilidad en los mercados o ampliar la gama de alimentos andaluces que se ofrecen en los lineales son algunos ejemplos de desafíos en los que me consta que cada día vamos mejorando.

AGR. El pasado mes de abril, el Consejo de Gobierno dio luz verde al Plan para la Mejora de la Competitividad en el sector para el periodo 2019-2022. ¿En qué aspectos incidirá y cómo prevé abordarlos?

C. C. Hasta la llegada del nuevo Gobierno andaluz, se había ejecutado sólo el 24% de los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) que son fundamentalmente los que se utilizarán para poner en marcha las medidas que se están incluyendo en el Plan Estratégico para la Mejora de la Competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía.

Entre las actuaciones que tenemos previstas en el marco de esta planificación se encuentra la reprogramación de fondos con el fin de convocar y licitar un total de 800 millones de euros del PDR. Recursos económicos que se van a dirigir, entre otros objetivos, a respaldar el rejuvenecimiento del campo apoyando a los jóvenes emprendedores que apuestan por esta actividad; a mejorar los caminos rurales o a potenciar la pesca en Andalucía. En el caso concreto del sector pesquero, hemos certificado en 19,3 millones de euros las ayudas que tenemos previsto abonar a lo largo de 2019, un montante que supondrá elevar el pago a los pescadores en un 60% en comparación con la media de los años anteriores.

En cuanto al objetivo general del Plan Estratégico para la Mejora de la Competitividad, se trata de impulsar la cuota de mercado en España y en el exterior, y adaptar el potencial del sector a entornos cambiantes. De forma que esperamos asegurar su crecimiento a medio y largo plazo.

AGR. El aceite de oliva es uno de los estandartes de Andalucía. Entre las acciones de defensa del sector la consejería ha planteado la posibilidad de revisar la Ley de Cadena Alimentaria y el funcionamiento del Poolred. ¿Qué persiguen con estas revisiones y qué otras actuaciones barajan?

C. C. El objetivo es avanzar hacia una mayor estabilidad del mercado para así intentar evitar que vuelvan a producirse situaciones como la actual, en la que los bajos precios preocupan a los productores.

Desde la Consejería apostamos por la unión de las administraciones en torno a un sector estratégico para el devenir de Andalucía como es el aceite de oliva, porque la unión hace que podamos aprovechar sinergias positivas. En concreto, estamos explorando la autorregulación del sector como vía de trabajo y, entre otras iniciativas, ya hemos solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que valore si sería conveniente pedir a Bruselas que lleve a cabo una actualización de los umbrales de precios de referencia para la activación del almacenamiento privado.

De hecho, ya trasladamos al Gobierno central que considerábamos interesante estudiar si sería posible activar este mecanismo en su apartado B, que contempla esta posibilidad con el fin de responder de manera oportuna a una situación de mercado “especialmente difícil” o a una evolución económica que tenga un impacto negativo significativo en los márgenes del sector.

AGR. Además de la anterior, las situación de la aceituna de mesa y de los cítricos son dos de las principales sensibilidades del sector. ¿En qué situación están y qué acciones está desarrollando y prevé desarrollar el ejecutivo para paliar los efectos negativos de sus respectivas crisis?

C. C. En cuanto a la aceituna de mesa, lamentamos que los fondos de la Unión Europea destinados a su promoción sean insuficientes, ya que se trata de un sector que es la principal fuente de empleo y sustento en su zona de producción tradicional. Estamos en desacuerdo con las acciones emprendidas hasta la fecha y, como he trasladado personalmente al ministro, exigimos que se proteja más al sector, con medidas más contundentes que les defiendan ante la injusta subida de aranceles por parte de Estados Unidos.

Con respecto a la situación de los cítricos, también hemos mostrado nuestra postura en Madrid haciendo hincapié en la importancia de lograr que el agricultor perciba el precio justo por sus producciones. En el Gobierno andaluz estamos preocupados por la situación de bajos precios que están sufriendo los citricultores de la Comunidad Autónoma en 2019 así que, independientemente de que existen cuestiones que no son de nuestra competencia, estamos haciendo todo lo posible para ayudar a los afectados.

De hecho, la Consejería ha estado en contacto con los representantes del sector desde el primer momento y convocamos una reunión de la Mesa de los Cítricos nada más llegar al Gobierno, concretamente, a mediados del mes de febrero. Entre las conclusiones de este encuentro se pusieron de manifiesto cuestiones fundamentales como el gran peso de esta actividad para la Economía de nuestra Comunidad Autónoma. Andalucía concentra ya casi el 50% del total de la producción de naranjas de España, por lo que se trata de un sector fundamental cuya actividad, además, se encuentra muy extendida a lo largo y ancho del territorio.

En los últimos años, tanto productores como cooperativas y empresas del sector han realizado un esfuerzo para ordenar y gestionar la comercialización de los cítricos, pero contar con una interprofesional fuerte y contundente a nivel nacional sigue siendo aún uno de los retos por alcanzar. Al respecto, desde la Consejería trabajaremos, dentro de nuestras posibilidades, para garantizar que esta entidad represente al sector de Andalucía.

AGR. La internacionalización es un factor clave para el sector agrario andaluz. Sin embargo, es sabido que cítricos y tomates, por ejemplo, se enfrentan a la competencia de productos de países terceros. ¿En qué está afectando esta desigualdad a las producciones andaluzas y en qué medidas trabajan para atajar esta situación?

C. C. La existencia de diferentes requisitos en función de la zona de producción de los alimentos es, sin duda, una piedra en el camino de los alimentos perecederos andaluces. Como bien señala, estos productos se ven afectados por la competencia de terceros países en los que no se aplican los reglamentos de obligado cumplimiento para los europeos, y esta heterogeneidad genera una situación de desventaja para las frutas y hortalizas de la Unión Europea que no debemos consentir. Hay que tener en cuenta que nuestros alimentos cumplen con unos mayores estándares de calidad, que implican mayor esfuerzo para los productores y conllevan mayores costes de producción.

Por eso, entre otras medidas, desde la Junta de Andalucía reclamamos que los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) lleven a cabo un control de los contingentes de productos establecidos para las importaciones de terceros países al que debe sumarse, además, un análisis de los fitosanitarios. El objetivo es garantizar que todos los agentes implicados en este mercado cumplan las mismas reglas del juego sin importar la ubicación de las tierras o industrias de las que proceden los cítricos.

Por nuestra parte, vamos a tener una actitud activa analizando el funcionamiento de los PIF que se encuentran en Andalucía y facilitando datos sobre contingentes y productos fitosanitarios al Ejecutivo central, ya que se trata de un asunto en el que nuestro territorio precisa de su intermediación ante Europa.

AGR. Con respecto a la definición de la futura PAC, ¿qué aspectos considera prioritarios para salvaguardar los intereses de los agricultores andaluces?

C. C. Desde el primer día hemos defendido en todos los foros la necesidad de contar con una Política Agrícola Común (PAC) fuerte tras 2020.  Dado que es el Ejecutivo Central quien ostenta la competencia de defender a los productores de nuestra tierra en las negociaciones con la Unión Europea, desde Andalucía le ofrecemos nuestro apoyo en la reivindicación de una nueva PAC  que, por lo menos, mantenga la dotación actual. Nuestro Gobierno es totalmente contrario a la propuesta de la Comisión Europea de un recorte presupuestario para el próximo marco porque no es posible hacer un esfuerzo mayor con menos dinero.

Entre otras medidas, Andalucía trabaja junto a otras regiones de España y de otros países con los que compartimos nuestra visión de una PAC comunitaria fuerte que, por otro lado, debe incluir ciertos elementos de flexibilidad. Elementos que permitan adaptarla a las condiciones particulares de cada región, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo rural.

Y con respecto a la arquitectura verde de la PAC post 2020, en Andalucía tenemos claro que el aumento de requisitos medioambientales, los llamados 'eco-esquemas', deben ser voluntarios e ir acompañado de mayores recursos económicos que los incentiven. Este aumento de la bonificación es indispensable para poder poner en marcha unos compromisos con los que, por supuesto, estamos de acuerdo pero que suponen una mayor carga para los productores que debe compensarse de algún modo.

Nuestra agricultura tiene, intrínseco, un valor sostenible relacionado directamente, entre otras cuestiones, con que Andalucía supera los tres millones de hectáreas entre dehesa, olivar de montaña y monte mediterráneo. Unos paisajes con un especial valor medioambiental y un importante papel frente a la desertificación que deberían contar con una mejor valoración por parte de Bruselas, ya que entroncan con los principios de la transición hacia una economía climáticamente neutra que se persigue desde la Unión Europea.

Esto son sólo algunos ejemplos de las demandas de nuestra Comunidad Autónoma, ya que se trata de un asunto complejo y fundamental para los próximos años. De hecho, hay otras cuestiones de gran envergadura como el 'capping'. Al respecto, desde la Consejería reclamamos que su aplicación no implique pérdida de recursos para España  y que, en el caso de las cooperativas y sociedades agrarias que explotan fincas en común, este importe máximo de 100.000 euros por beneficiario del primer pilar se calcule como la suma de las personas físicas que componen las entidades. Además, creemos que debería contemplarse también la inversión que las empresas realizan en contratación.

AGR. Para concluir, ¿qué balance hace de estos primeros meses al frente la Consejería?

C. C. Positivo, por supuesto. Cuando llegué a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible traía conmigo muchísima ilusión por trabajar en defensa de los  profesionales del mundo agroindustrial, rural y del medio ambiente y a día de hoy, cada mañana me levanto con el mismo entusiasmo o incluso más.

En sólo unos meses hemos llevado a cabo una gran labor en favor de los andaluces en diversos ámbitos. Eliminando trámites administrativos y desbloqueando ayudas, por ejemplo, hemos logrado ya una mejora sustancial en el día a día de miles de productores y empresarios y esto no ha hecho más que empezar.

Un claro ejemplo es la situación de los jóvenes agricultores y ganaderos de nuestra tierra que se animan a comenzar su andadura en el sector agrario. Además de la agilización de ayudas, hemos respondido a la demanda de estos andaluces haciendo posible, por un lado, que reciban el 25% de su ayuda al justificar el inicio de la actividad, y por otro lado, que tengan mayor flexibilidad en cuanto al plan de negocio. Las circunstancias del mercado son cambiantes a menudo y, como consecuencia, las planificaciones sufren ajustes para adaptarse a las circunstancias. Hasta ahora, los beneficiarios de las subvenciones no podían llevar a cabo estas modificaciones pero, gracias a nuestra intermediación, las bases de los incentivos son ahora más flexibles y realistas.

El Gobierno del cambio en Andalucía avanza con paso firme y decidido. Y en los próximos cuatro años vamos a seguir trabajando en pro de nuestra tierra y todos nuestros vecinos, desde Ayamonte a Pulpí, con la dedicación y energía que nos llevarán a cumplir con el servicio público de la más alta calidad, el que ellos merecen.

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