Editorial Agrícola
Economía

El 6,6% de explotaciones agrarias son empresas y concentran el 42% del valor de la producción

18/11/2020

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha dado a conocer los resultados del informe “Esenciales. La agricultura española ante calamidades que afectan a la seguridad nacional”, que refleja que las grandes empresas agrarias, el 6,6% de las explotaciones, obtienen ya casi la mitad (el 42%) del valor total de la producción que se genera en el campo español, lo que vendría a consolidar la tendencia adelantada por COAG en el estudio “La uberización del campo español”.


En este nuevo informe, sobre la base de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los Servicios Técnicos de la organización analizan las claves estratégicas de un tejido productivo fuerte y asentado en el territorio para responder a crisis como la COVID-19, al tiempo que advierten de los peligros que para la seguridad alimentaria de España y Europa puede suponer la creciente concentración de la producción en manos de sociedades mercantiles multinacionales.

Según los datos actualizados del  MAPA, en España existen un millón de explotaciones agrarias, el 93,4% con titular físico y el 6,6% son empresas, unas 65.000 sociedades cuyo objeto social principal es la producción primaria. “No son tanto las producciones agrarias en sí las que están en peligro, sino los agricultores y ganaderos del modelo social y profesional de agricultura frente a la concentración de la producción y la creación de  oligopolios, que estimulan la entrada de fondos de inversión. ¿Qué ocurriría si la producción agraria y la alimentación estuvieran en manos ajenas (más en la situación actual) en una calamidad aguda o prolongada, si no dispusiéramos de sistemas productivos diversificados y propios en la UE, en los que el modelo social y profesional es el predominante? Las consecuencias podrían ser devastadoras. Hemos sido esenciales para evitarlo. Claro ejemplo es el coste de vidas, pero también el coste económico y social derivado de la falta de elementos de protección sanitaria durante el inicio de la pandemia (mascarillas, EPIs, gel hidroalcóholico…)”, ha incidido el secretario general de COAG, Miguel Blanco.

El  propio Parlamento Europeo, en dos recientes documentos (julio y octubre, 2020), cuyo objeto es el análisis de los posibles riesgos estructurales y tendencias globales a medio y largo plazo que podría afrontar la UE, señala entre los elementos sobre los que hay que poner el foco como riesgos estructurales “la creciente concentración de la producción agraria hacia oligopolios: desaparición del modelo europeo de agricultura que conduciría a la despoblación rural, a la degradación medioambiental y cultural y al aumento del desempleo rural”, indica la organización en un comunicado.

Características del sector

Asimismo, el informe “Esenciales” incluye un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de la caracterización del sector agrario español, sobre la base de los trabajos realizados por el MAPA para la elaboración del Plan Estratégico de España para la futura PAC.

Así, el estudio concluye que, desde el punto de vista económico, el sector agroalimentario nacional es vulnerable en su conjunto por sus propias características, como son: la escasa rentabilidad de las explotaciones de menor dimensión económica, acentuada en secano, y muy condicionada por su elevada atomización, con fuerte exposición a los riesgos del mercado; los costes de producción se sitúan por encima de los de un importante número de terceros países, con una tendencia creciente, mientras que en los ingresos es decreciente por la imposición de unos precios a la baja; una posición de debilidad del sector productor frente a los demás eslabones de la cadena, en capacidad de negociación. Existe un desequilibrio en el reparto y en la transmisión de valor en la cadena que dificulta o impide la sostenibilidad económica del sector productor; así como un aumento de la brecha digital y falta de conectividad, escasa digitalización en agricultura e industria agroalimentaria y escasa implantación de canales cortos de comercialización y del comercio electrónico.

A todas ellas se suman, en un marco de inestabilidad política en las relaciones comerciales (guerras comerciales, políticas proteccionistas derivadas, Brexit, etc.) y de inexistencia de reciprocidad en las exigencias del propio modelo de producción europeo en los intercambios (requisitos sanitarios, fitosanitarios o medioambientales, entre otros): la dependencia exterior para la importación de determinados inputs, especialmente significativa en las materias primas para alimentación animal, y alta concentración de los mercados de importación; y el aumento de las importaciones con menores estándares de calidad que los del modelo productivo europeo y de menor coste, que reducen la rentabilidad de las explotaciones agrarias y amenazan la posición del agricultor, generando en algunos casos el abandono de la agricultura.

Asimismo, existe una elevada vulnerabilidad de determinados sistemas agrícolas, ganaderos y forestales a desastres naturales, de mayor frecuencia e intensidad y al cambio climático, que puede llevar incluso a su desaparición, en caso de que no se produzca una adecuada adaptación. También se advierte una gran desconexión del ciudadano con los sistemas alimentarios, particularmente, en relación a la importancia de la producción primaria agrícola y ganadera como proveedores de alimentos, y al modelo de producción europeo.

En el capítulo de propuestas, el informe señala la necesidad de proteger a las explotaciones que han resultado más dañadas por los efectos de la pandemia para que puedan seguir adelante, en el marco del modelo de agricultura social y profesional mayoritario en Europa. En este sentido, incide en que los sistemas alimentarios son esenciales y no deben quedar en manos de un libre mercado desregulado, que solo busca la rentabilidad.

Además, aboga por una transformación digital inclusiva, que permita que todas las explotaciones puedan beneficiarse en igualdad de oportunidades, y propone aprovechar el despegue del comercio electrónico para establecer estrategias concretas para los sistemas alimentarios territorializados y los canales cortos de comercialización en el marco de posibles calamidades.

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