Editorial Agricola
Regadíos

Fenacore apuesta por un plan hídrico estatal para afrontar el cambio climático

Tras conocer el informe de la subcomisión de agua y cambio climático aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha pedido que se ponga en marcha un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas para hacer frente a las sequías e inundaciones derivadas del cambio climático. De esta forma, propone aunar ingeniería y técnica para prevenir los efectos negativos de las lluvias torrenciales y convertirlos en recursos para las cuencas deficitarias.


La propuesta de los regantes contrasta con el planteamiento del informe, que se centra en la gestión de las demandas de agua y plantea la reducción de recursos para regadío como medida para reducir el consumo lo que, a juicio de Fenacore, tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento económico y sobre el entorno. Además, el documento aprobado en el Congreso aboga por detener la construcción de nuevos embalses y trasvases, infraestructuras que para la asociación son esenciales para mitigar los efectos del cambio climático y para aumentar las garantías de agua de los usuarios actuales y potenciales.

La organización lamenta que entre los 27 expertos de dicha subcomisión no se haya contado con representación de los regantes, a pesar de que concentran más del 60% de la demanda de agua en el país. Considera que esta falta de voz de los usuarios ha dado como resultado una visión imprecisa de la realidad hídrica y teme que las conclusiones del informe lleguen a conseguir el objetivo contrario al que se proponen, aumentando los efectos del calentamiento global.

Por ello, defiende apoyar la estrategia de aprovechamiento de agua sobre un nuevo Plan Hidrológico Nacional que haga posible sacar adelante las actuaciones contempladas en los planes de cuenca vigentes, en los que se incluyen obras de regulación y actuaciones de modernización de regadíos. Además, considera imprescindible avanzar hacia un sistema integrado de agua, en el que todos los recursos estén alineados con las demandas y se prorrateen de forma adecuada los costes de agua. En este sentido, se opone a la modificación del régimen económico-financiero del agua propuesta en el informe, argumentando que la legislación española ya está adaptada al principio de recuperación de costes que pide la normativa europea, siendo necesario aplicarlo de forma correcta.

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