Editorial Agricola
Rotación informaciones

"No cabe esperar ningún problema de aplicación desigual de la nueva PAC"

30/10/2018

Por Manel González, periodista

Luis Planas (Valencia, 1952) prometió el cargo de ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en un momento crucial para el sector. Con dilatada experiencia como gestor público en este ramo –fue consejero de la Junta de Andalucía en dos ocasiones-, además de en el ámbito diplomático, aterrizó en el despacho principal del Palacio de Fomento de Atocha el pasado mes de junio para lidiar contra el recorte presupuestario en la negociación de la PAC post 2020, el problema de las ventas a pérdidas, el despoblamiento de nuestro medio rural o los acuerdos comerciales, entre otros muchos frentes.

Cumplidos ya cien días al frente del Ministerio, Planas repasa con AGRICULTURA la actualidad del sector, lo hecho y lo que queda por hacer.


AGRICULTURA. Llegó al cargo en una época de grandes retos que marcarán el futuro del sector. ¿Qué valoración hace de estos cien días al frente del Ministerio? ¿Uno sigue aprendiendo desde el despacho de Atocha?

LUIS PLANAS. Efectivamente, mi incorporación al cargo el pasado mes de junio coincidió con importantes negociaciones tanto en el ámbito agrario con la reforma de la PAC, que es una prioridad para el Ministerio, como en el pesquero con temas tan relevantes como la próxima entrada en vigor de la prohibición total de descartes, el Acuerdo de Pesca UE-Marruecos o las negociaciones de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas pesqueras para 2019.

Y, junto a estos grandes temas, hay otros retos que abordar de gran repercusión para el presente y futuro de los sectores agrario, pesquero y alimentario. Retos de gran calado que precisan mejoras para potenciar el acceso de los jóvenes a la actividad agraria, para avanzar en igualdad de género, de forma que las mujeres encuentren el reconocimiento laboral y social en el medio rural. Además, es necesario impulsar la innovación y digitalización como herramienta clave para la competitividad, mejorar la Ley de la Cadena Alimentaria y trabajar en la aplicación de modelos de producción que fomenten la sostenibilidad climática y medioambiental, que debe ser una de las señas de identidad de nuestro sector agrario.

Son tareas complejas, que nos exigirán un esfuerzo en común, con implicación y corresponsabilidad para garantizar un sector agroalimentario sostenible. Por ello, vamos a trabajar conjuntamente con los sectores afectados y con las comunidades autónomas para profundizar en el diagnóstico y el diseño de todas aquellas iniciativas que permitan afrontar estos desafíos, en el convencimiento de que ese es el camino para lograr que el sector agroalimentario siga teniendo capacidad de crecimiento.

AGR. Como comenta, la reforma de la PAC ha sido una de las prioridades de su gestión desde el primer minuto. A día de hoy, y todavía en la primera fase de las negociaciones, ¿debemos ser pesimistas con respecto al mantenimiento de esos 44.000 millones para España?

LP. Actualmente estamos en plena negociación del futuro Marco Financiero Plurianual (2021-2027) del que dependerá en gran medida la ambición de la PAC para implantar en dicho periodo y su capacidad para afrontar los importantes retos a los que deberá responder en un futuro inmediato. La tarea no es fácil, en especial por lo apretado de los calendarios, la salida de un importante contribuyente neto al presupuesto comunitario, como es el Reino Unido, y la aparición de nuevas prioridades importantes para la Unión Europea, como la migración, las fronteras o la defensa. Partimos de una propuesta de la Comisión Europea (CE), que aspiramos a mejorar en la negociación final, porque estamos firmemente convencidos del valor añadido europeo de esta política y de su contribución a los objetivos y desafíos globales de la Unión. En torno a un 40% de los gastos de la nueva PAC, por ejemplo, estará dedicado a acciones ligadas a la acción climática.

AGR. En este sentido, aseguró el comisario Hogan que los agricultores europeos no deben temer una renacionalización, como parecía contemplar la propuesta de la Comisión. ¿Qué tendría de negativa esa descentralización?

LP. La propuesta de la Comisión Europea se centra en proponer mayor subsidiariedad a los Estados miembros, de forma que dentro de un marco común sea más fácil que las especificidades nacionales queden recogidas dentro de cada uno de los planes estratégicos que cada país presentará a Bruselas.
En el plan estratégico, que es la gran novedad de la reforma que se plantea, tendremos que describir cuál es nuestra situación de partida, y qué intervenciones vamos a realizar para alcanzar los objetivos comunitarios generales y específicos que se proponen, y que son comunes para todos.

Por lo tanto, con la adecuada transparencia en los procedimientos, que hemos solicitado a la Comisión Europea de forma generalizada y que ella se ha comprometido a mantener, no cabe esperar ningún problema de aplicación desigual de la nueva PAC.

Hay que tener en cuenta que la PAC va adquiriendo cada vez más compromisos medioambientales, lo cual es totalmente necesario para dar una respuesta adecuada a lo que nuestra sociedad demanda.

Es justamente el cumplimiento de estos mayores compromisos medioambientales lo que hace necesario contar con este grado de subsidiariedad que se plantea, para poder reflejar la diversidad de la UE.

Sin embargo, aunque pudiendo tener un mayor grado de libertad, las respuestas que se den han de ser comunes a los problemas que se presenten. El mercado agrícola de la UE es un mercado único y, por lo tanto, tenemos que mantener unas reglas de juego equilibradas y justas entre todos los miembros, para evitar problemas de competencia entre los distintos actores de la cadena a nivel europeo.

AGR. Desde que asumió la cartera se ha ido reuniendo con los distintos consejeros de agricultura de las CC. AA. ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones? ¿Le preocupan las diferencias de intereses entre ellos?

LP. Estamos en una fase previa de debate en relación con la nueva PAC. Tal y como indiqué en la Conferencia Sectorial, nos encontramos en una primera etapa en la cual debemos lograr un mensaje claro y único a las instituciones europeas, de forma que podamos contar con un reglamento que nos permita la suficiente flexibilidad como para poder haceruna aplicación de la PAC adecuada a la diversidad agrícola española.

Evidentemente, hay aspectos comunes que nos preocupan a todos, como son financiación de la PAC, las tasas de cofinanciación en el segundo pilar, la gobernanza que se plantea en los planes estratégicos, la necesidad de asegurar que, en este nuevo esquema, los pagos lleguen puntualmente a los agricultores. En estos temas fundamentales, estamos trabajando para lograr una posición común de España que será la que nos sirva de base para las negociaciones.

En una segunda fase, entraremos en el debate interno, que será cómo queremos que se aplique la PAC en España. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Estamos convencidos que con el adecuado diálogo se conseguirá llegar a una posición satisfactoria para todas las comunidades autónomas, así como para los agricultores y ganaderos.

AGR. Nos seguimos encontrando todas las semanas con denuncias de ventas a pérdidas por parte de productores. ¿De qué manera piensan meterle mano a la Ley de la Cadena Alimentaria para extirpar esta práctica, una vez aprobada la directiva europea que la prohíba?

LP. La propuesta de la Comisión Europea de Directiva de Prácticas Comerciales Desleales ha sido precisamente uno de los principales temas abordados con el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Paolo de Castro, en la reunión que mantuvimos recientemente en la sede de Ministerio.

Sobre esta propuesta de Directiva, presentada el pasado mes de abril por el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, y que está siendo objeto de debate en los grupos de trabajo del Consejo de Ministros de la UE y del Parlamento Europeo, he trasladado al vicepresidente el interés de España para que su ámbito de aplicación se amplíe, ya que está destinada sólo a los proveedores pyme frente a compradores no pyme, así como la conveniencia de que la venta a pérdidas se incluya en su articulado, como práctica prohibida, dotando así de cobertura jurídica a nivel de UE frente a una práctica desleal que sufre el sector agroalimentario.

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo aprobó su posición sobre la propuesta de Directiva, que recoge precisamente esa demanda para vetar la venta a pérdidas. Es un buen avance en la buena dirección.

En el ámbito nacional, estamos trabajando intensamente con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el encaje jurídico de la prohibición de la venta a pérdidas, tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y esperamos poder presentar una propuesta de modificación legal antes de final de año.

AGR. En materia de desarrollo rural les toca lidiar con la lacra del despoblamiento. ¿Tienen clara ya alguna medida concreta destinada a favorecer la incorporación de jóvenes y de la mujer a la actividad agraria?

LP. En el ámbito del desarrollo rural las acciones que se emprenderán en esta legislatura obedecerán a una estrategia orientada a promover un desarrollo sostenible y equilibrado de nuestros territorios, para impulsar un medio rural vivo. De esta forma podremos contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y a la creación de empleo en estas zonas, facilitando el relevo generacional, el poblamiento activo de estos territorios y avanzando en la igualdad de género en el ámbito rural. En relación con la despoblación, desde el Ministerio vamos a tener una estrecha colaboración con la comisionada del Gobierno frente al reto demográfico, en todo el proceso de elaboración de la futura estrategia nacional, para incorporar en ella muchas de las medidas en las que estamos actualmente trabajando.

Por otro lado, dado que la masculinización y la invisibilidad de la aportación de las mujeres en el mundo rural es una evidencia que hay que revertir, se hace necesario acometer medidas estructurales para avanzar hacia la plena igualdad de la mujer rural.

Así, en el marco de las negociaciones de la PAC, defenderemos reforzar y dotar de mayor visibilidad al papel que desempeñan las mujeres en el medio rural, integrando la perspectiva de género.

En el ámbito interno, revisaremos, junto con las CC. AA., las entidades de mujeres rurales y otros agentes sociales, la efectividad de la Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias de 2011 para mejorarla, e impulsaremos los objetivos de la misma, que son visibilizar y remunerar adecuadamente a aquellas mujeres que desarrollan su actividad agraria en una explotación, avanzando así en su independencia económica y laboral y en el pleno reconocimiento de sus derechos. Una tarea en la que estoy comprometido.

Quisiera, por último, destacar la importancia de incorporar el apoyo a la innovación y a la adaptación digital en el medio rural como una de las líneas estratégicas del Departamento. Con ese objetivo estamos trabajando en la elaboración de una futura Agenda para la digitalización del sector agroalimentario y forestal, y del medio rural, así como el apoyo a los grupos operativos y proyectos innovadores dentro del programa nacional de desarrollo rural, entre otras medidas.

AGR. ¿Qué importancia le concede al seguro agrario? ¿Prevé aumentar su dotación en 2019?

LP. El seguro agrario constituye la principal herramienta para la gestión de los riesgos agrarios. A lo largo de sus cuatro décadas de historia, se ha convertido en un pilar fundamental de la política agraria en nuestro país y en un referente en el ámbito internacional. Un sistema de gran eficacia para el mantenimiento de las rentas, y de la viabilidad económica de las explotaciones, ante los siniestros que escapan al control de los productores.

Para el ejercicio 2018 se cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 211,27 millones de euros para las subvenciones a estos seguros. Además, recientemente se ha aprobado una ampliación de crédito por importe de 77 millones de euros. Mi intención es mantener la misma línea, o reforzarla si cabe, si hay disponibilidad básicamente de cara a estos presupuestos y sobre todo a los del año 2019, que será ya el año del 40º Plan de Seguros Agrarios.

AGR. Ha asegurado que el Gobierno central no tiene intención de subir el precio del gasóleo profesional. ¿Qué más cree que podría hacer la Administración central para seguir aliviando el peso de los costes que asumen nuestros agricultores?

LP. No es la intención del Gobierno tocar el diésel profesional. Los agricultores y ganaderos son empresarios y pueden estar tranquilos porque, en lo referente al diésel, el Gobierno no incrementará los costes adicionales de sus explotaciones vía fiscalidad al diésel agrícola.

AGR. ¿Qué políticas seguirá el Ministerio para asegurar un uso más eficiente del recurso agua?

LP. El agua es un objetivo de mi Departamento en esta legislatura, trabajando, desde la perspectiva de su escasez, a través del fomento de su uso de forma más racional y eficiente, y desde la perspectiva de su calidad y sostenibilidad medioambiental.

El regadío, por tanto, estará presente en la actuación del Ministerio, consciente también de su positivo impacto social, ya que contribuye notablemente a la producción de alimentos, a la vertebración de las zonas rurales, a mejorar su desarrollo socioeconómico y a impulsar la diversificación productiva e estos territorios.

De esta manera, en el contexto de la reforma de la PAC para el periodo 2021-2027, España defenderá la agricultura de regadío y apostará por que las inversiones que tengan por objeto la mejora de la eficiencia hídrica de los regadíos puedan continuar beneficiándose de los fondos europeos.

Por otro lado, a nivel nacional, desde el Ministerio apostamos por una planificación de regadíos ordenada, sostenible, equilibrada territorialmente y que responda
a criterios objetivos.

AGR. A raíz de la problemática de los aranceles estadounidenses a la aceituna de mesa española, ¿cómo de necesario considera el establecimiento de un marco estable internacional para los acuerdos comerciales dentro del sector agroalimentario? ¿Se solucionaría algo?

LP. El establecimiento de un marco estable en las relaciones internacionales supone una cuestión de primera índole para el conjunto de la economía y en particular para el sector agroalimentario, dada la importancia creciente que el comercio exterior en el producto interior bruto de nuestro país.

En este sentido, el sector agroalimentario juega una baza fundamental en el saldo de nuestras exportaciones, con crecimiento positivo en los últimos años. En el caso concreto de la aceituna de mesa, se debe destacar su marcado carácter exportador, ya que destina en torno al 65% de su comercialización en los mercados exteriores y con una balanza comercial muy positiva.

Como indica usted, el establecimiento de unas reglas comunes, conocidas por todos los operadores y en igualdad de condiciones, es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados mundiales y que garanticen la igualdad entre todos los operadores. En este sentido, en la Organización Mundial de Comercio (OMC) se establecieron unas normas de los intercambios comerciales con el fin de lograr un entendimiento entre todos los países y evitar barreras comerciales al comercio no justificadas.

La investigación efectuada por la Administración estadounidense sobre las importaciones de aceituna de mesa negra procedentes de España se ha realizado con unas conclusiones que contestamos.

Desde el Gobierno de España se ha manifestado la total disconformidad con la resolución en contra del sector español de aceituna de mesa y la no justificación de las medidas impuestas. Se considera que este procedimiento debe estar acorde con las normas internacionales establecidas por la OMC y, por ello, desde la Administración española y la Comisión Europea se está analizando su conformidad, en cuyo caso se acudirá al Órgano de Solución de Diferencias de dicha organización.

El Gobierno español apuesta claramente por el multilateralismo y por la necesidad de avanzar en la realización de acuerdos comerciales equilibrados que permita un incremento de los intercambios comerciales, con claros beneficios para el desarrollo de los sectores y la economía en su conjunto.

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