Editorial Agrícola
Economía

Luis Planas valora la nueva política agraria más justa y más sostenible

29/06/2021

Según Luis Planas, la nueva PAC responde a las actuales demandas de la sociedad y asegura la rentabilidad de las explotaciones agrarias porque, entre otros aspectos, tiene en cuenta la sostenibilidad social, económica y ambiental.


El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que la ratificación por los Estados miembros del acuerdo sobre la Política Agraria Común (PAC), alcanzado el pasado viernes entre Consejo y el Parlamento Europeo, supone "poder avanzar hacia una nueva política agraria más justa y sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental. Tiene en cuenta a la agricultura familiar y profesional y aboga por el necesario relevo generacional para asegurar una actividad agraria con futuro, que haga frente a los nuevos desafíos climáticos, al tiempo que asegura la rentabilidad de las explotaciones".

Según ha indicado Planas, España ha cubierto sus objetivos tanto en la negociación del Marco Financiero Plurianual como en la negociación específica de la PAC, y podrá disponer de un presupuesto para ayudas a agricultores y ganaderos de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27, cifra similar a la del periodo anterior, en un contexto de descenso del 15% del presupuesto comunitario por la salida del Reino Unido de la UE.

Ahora los Estados miembros deberán elaborar un Plan Estratégico para adaptar la aplicación de la PAC a la realidad de cada uno de ellos. En este sentido, el enfoque del reglamento permite que el Plan Estratégico pueda elaborarse teniendo en cuenta la distribución competencial española, con la participación efectiva por tanto de las comunidades autónomas. El ministerio convocará en los próximos días una Conferencia Sectorial monográfica con las comunidades autónomas para abordar la aplicación de la PAC en España.

Sostenibilidad y jóvenes

El acuerdo final sobre la PAC, ha explicado Planas, permitirá dedicar un 60% de los importes de los pagos directos a ayuda básica a la renta en nuestro Plan Estratégico, cumpliendo así el nivel previsto en el análisis de necesidades elaborado por el MAPA en colaboración con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y medioambientales. "Entre otros logros destacados para los intereses de España, se aumenta el porcentaje de los pagos directos que puede destinarse a las ayudas asociadas (vinculadas a la producción), de las que se benefician sectores productivos con especiales dificultades, y se permite impulsar nuevas intervenciones sectoriales como las previstas para apoyar el olivar tradicional. Los Estados podrán disponer de hasta el 13 % de los pagos directos para ayudas vinculadas a la producción en sectores con más necesidades, tres puntos más que la propuesta inicial de la Comisión. A este porcentaje se podrá añadir un 2 % adicional destinado a cultivos proteicos", ha destacado el ministro.

En cuanto a los ecoesquemas, Luis Planas ha dicho que los Estados dispondrán de suficiente flexibilidad para que los fondos destinados a estos que no sean utilizados en un año concreto no se pierdan y puedan ser trasladados a otras intervenciones, especialmente durante los dos primeros años. "El reto ahora es encontrar complementariedad y coherencia de estas medidas con los compromisos agroambientales que diseñarán las comunidades autónomas".

La nueva PAC también dará un mayor protagonismo a los jóvenes, de forma que al menos un importe equivalente al 3% de las ayudas directas tendrán que ser destinadas a este capítulo, a través de pagos complementarios. Además, se mantiene el apoyo a la primera instalación que podrá ser de hasta 100.000 euros por cada joven.

Y, por primera vez, la igualdad de género se incluye específicamente como uno de los objetivos de la PAC, "gracias a España". Esto permitirá que en el Plan Estratégico puedan introducirse medidas de discriminación positiva hacia la mujer para que tenga más oportunidades de asumir el papel de titular de explotación agraria o de pequeña y mediana empresa agroalimentaria en el medio rural.

El Plan Estratégico diseñará intervenciones encaminadas a atender las necesidades específicas de las mujeres para facilitar su incorporación y permanencia en el sector agrario y disminuir la actual brecha de género, además de fomentar la diversificación económica en el medio rural.

Equidad y convergencia y programas sectoriales

Otro de los principales objetivos de la reforma de la PAC es conseguir una mayor equidad en las ayudas, a través de instrumentos como el capping (tope máximo de ayuda) y de la degresividad. Para la limitación y modulación de los importes de los grandes perceptores se tendrá en consideración el papel de las explotaciones que más empleo generan. El pago redistributivo, al que España destinará un 20% de las ayudas básicas a la renta, supondrá un apoyo adicional para las explotaciones medianas y pequeñas. "Es un compromiso del Gobierno a favor de la agricultura profesional y familiar". El proceso de convergencia interna para equiparar las diferencias entre las ayudas en una misma región deberá alcanzar un mínimo del 85% en 2026

En cuanto a los programas sectoriales, se mantienen en la nueva PAC los ya existentes como los del sector del vino, apicultura –con un importante incremento de la dotación presupuestaria- y frutas y hortalizas; así como los planes escolares para el fomento del consumo de fruta y leche. Se podrán realizar programas de apoyo sectoriales a los que se podrán destinar hasta el 3% de los pagos directos, a través de organizaciones de productores que podrán recibir un apoyo de hasta el 6% del valor de la producción comercializada. El MAPA propondrá un plan para el sector del olivar.

La reforma de la PAC asegura la continuidad de las actuaciones de desarrollo rural financiados con los fondos FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural), que podrán planificarse con carácter estratégico. Además, reconoce por primera vez la dimensión social de la actividad agraria en el empleo.

Por último, el acuerdo incluye una declaración política conjunta entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión las importaciones de productos procedentes de países terceros y las condiciones en las que se producen para que no supongan una competencia en desigualdad de condiciones con los productores europeos.

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