Editorial Agricola
Sanidad y nutrición

'El herbicida glifosato se ha visto inmerso en  los últimos años en un injustificado debate'

11/01/2019

Por Marta Fernández, periodista agroalimentaria

AEPLA es la asociación empresarial que representa al sector fabricante de productos fitosanitarios en España. Hemos charlado con Carlos Palomar, su director general, sobre la coyuntura y evolución de un sector cuya actualidad está protagonizada, entre otros temas, por la prohibición de materias activas, el uso del glifosato y la normativa europea.


AGRICULTURA. ¿Qué papel juegan los fitosanitarios tanto para los agricultores como para la sociedad en general? ¿Qué cree que sería necesario hacer o qué se está haciendo para que la opinión pública sea consciente de su importancia?

CARLOS PALOMAR. Cada año un 40% de las cosechas se pierden por plagas, enfermedades y malas hierbas. Estas cifras se duplicarían sin los productos fitosanitarios, eficaces herramientas que la ciencia ha puesto a nuestra disposición para llevar a cabo una correcta sanidad vegetal y pieza clave para garantizar la sostenibilidad de la agricultura. Sin embargo, nuestra sociedad parece desconocer el importante papel que estos desempeñan para garantizar un suministro de alimentos sanos, seguros y asequibles. Por esa razón, desde la industria fitosanitaria, además de seguir trabajando e investigando para desarrollar nuevos e innovadores productos, continuaremos divulgando y comunicando la verdadera realidad de la agricultura y el papel que la sanidad vegetal desempeña en ella.

AGR. Mucho se ha hablado sobre la prohibición del glifosato y de sus potenciales peligros, ¿dónde radica el interés de su prohibición?

CP. El herbicida glifosato se ha visto inmerso en los últimos años en un injustificado debate en el que ha primado la ideología frente a la evidencia científica. Pretender calificarlo como cancerígeno fundamentándose en la clasificación realizada por la IARC, es un error, en primer lugar porque esta no es una Autoridad reguladora que haya realizado estudios independientes. Es más, ninguna de las que sí lo son y que tienen las competencias para evaluar el riesgo de los productos fitosanitarios, lo ha clasificado como tal. El glifosato es un herbicida empleado con seguridad y de forma sostenible desde hace más de 40 años para controlar las malas hierbas no deseadas en los cultivos o en las vías e infraestructuras públicas y de trasporte. Se trata de un producto inocuo si se utiliza conforme a las indicaciones de las etiquetas que han sido aprobadas por las Autoridades competentes.

AGR. En caso de que efectivamente entre en vigor su prohibición en toda la UE en 2022 tal y como está previsto, ¿qué alternativas hay para combatir las malas hierbas?

CP. No está prevista su prohibición. Como una licencia de conducir, la fecha indica cuando toca renovarlo. Esperamos que así sea, dada la evidencia científica que avala su seguridad. No obstante, aparte de otros herbicidas formulados con sustancias activas que no son el glifosato, sería posible usar otros métodos alternativos en el ámbito de los usos no agrícolas, como por ejemplo los métodos térmicos, pero estos supondrían un coste diez veces mayor que si se usara el glifosato, tal y como concluye un reciente estudio realizado por Oxford Economics sobre el impacto económico de su prohibición. Además, se requeriría un equipamiento que supondría un considerable incremento de combustible, de manera que el impacto ambiental sería mayor.

AGR. Además del glifosato, también se mantiene abierto el debate sobre la continua prohibición de materias activas, ¿qué consecuencias, tanto sociales como económicas tiene esta prohibición?

CP. Las cada día mayores restricciones fitosanitarias provocan una falta de disponibilidad de soluciones que protejan los cultivos y por extensión nuestra agricultura pierde competitividad. En nuestro país, cultivos tan representativos como la vid, el tomate y los cítricos se están viendo seriamente afectados por esta. La agricultura desempaña un papel clave en nuestra economía. Se trata de una sólida actividad económica, no olvidemos que somos líderes mundiales en exportación de frutas y hortalizas, y por ello necesita contar con todas las herramientas y técnicas que llegan de la mano de la innovación agrícola, que en 2050 puede proporcionar un 67% más de alimentos a unos precios un 50% más bajos.

AGR. Y con respecto a la regulación normativa en curso, en su opinión ¿qué se está obviando y qué se debería tenerse en cuenta?

CP. La viabilidad de la agricultura europea está sometida a una fuerte presión. La tendencia comunitaria de legislar teniendo en cuenta la peligrosidad de los productos, obviando los beneficios que un correcto uso de los mismos puede ofrecer, está provocando una cada vez menor disponibilidad de fitosanitarios, y como resultado los agricultores no disponen de la variada y necesaria caja de herramientas que les permita proteger sus cultivos y la agricultura europea pierde competitividad. Por extensión, los efectos sobre la economía, el empleo y el medio ambiente en Europa serían muy negativos.

AGR. El pasado 8 de febrero quedó registrada en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a crear una Agencia Única de Evaluación de fitosanitarios ¿en qué estado está este tema y cuáles son sus principales objetivos?

CP. Los acontecimientos políticos que han tenido lugar durante 2018 han ralentizado iniciativas de largo plazo como esta. Sin embargo, durante la última Jornada de Asuntos Reglamentarios organizada por AEPLA en octubre, nuestras autoridades coincidieron en que disponer de un único organismo de evaluación podría ser una de las soluciones a los problemas del sistema de registro, mejorando su eficiencia y eficacia, lo cual nos hace ser optimistas.

AGR. Para finalizar, ahora que está terminando 2018 ¿cuál es su balance de este ejercicio y que espera del próximo?

CP. 2018 ha sido un año de luces y sombras. Estamos muy satisfechos por los resultados obtenidos por los diferentes proyectos que en materia de buenas prácticas ha desarrollado la industria, así como los alcanzados gracias a la colaboración con las organizaciones agrarias y distribuidores. Los diferentes Grupos Operativos en los que hemos participado son buen reflejo de los objetivos que pueden alcanzarse cooperando juntos. Sin embargo, ha sido un año muy complicado en materia reglamentaria comunitaria. La prohibición de los insecticidas neonicotinoides ha sido muy perjudicial para el sector, en particular para el cultivo de la remolacha en España.

Nos preocupa seriamente el futuro de la agricultura en España, por esa razón hemos promovido un estudio que verá la luz en breve que pretende identificar cuáles son las claves para construir un sector sostenible económica, social y medioambientalmente de cara a 2050. Esperamos aportar con él nuestro grano de arena para diseñar la estrategia de futuro de nuestra agricultura.

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