30/07/2026
La nueva legislación, que modifica varios reglamentos comunitarios, persigue un objetivo claro: restaurar la equidad y la confianza en la cadena alimentaria, reforzando el poder de negociación de los agricultores, que con frecuencia se ven en una posición de desventaja frente a los grandes compradores. El texto oficial justifica la medida para hacer frente al "temor a represalias comerciales" que sufrían los productores al solicitar acuerdos escritos, protegiendo así sus ingresos y fomentando el relevo generacional.
Entre los puntos clave de la nueva normativa destaca, por supuesto, la obligatoriedad de que todo agricultor disponga de un contrato firmado antes de la entrega del producto, que detalle precio (o su método de cálculo objetivo), cantidad, calidad, plazos de pago y duración. El precio deberá reflejar la evolución del mercado y los costes de producción. La obligación entrará en vigor en agosto de 2028 para dar margen de adaptación.
Se exime de esta obligación a productos con fuertes fluctuaciones estacionales o carácter perecedero, así como a las entregas a cooperativas, siempre que sus estatutos fijen reglas transparentes y democráticas para la fijación de precios.
Además, el Reglamento simplifica el reconocimiento de las organizaciones de productores con una única solicitud para múltiples sectores, y se les otorga más poder de negociación, incluyendo la capacidad de negociar precios para sus asociados con topes del 36% de la producción nacional.
El contrato obligatorio se amplía a todos los productos lácteos, se incluye al "recolector" como parte obligada y se establece una cláusula de revisión obligatoria para contratos superiores a seis meses.
Asimismo, en una victoria para el sector ganadero, el reglamento reserva términos como "filete", "chuleta" o "hamburguesa" exclusivamente para productos de origen animal, prohibiendo su uso en alternativas vegetales o cultivadas en laboratorio. Esta medida, que entrará en vigor en 2029, busca "garantizar que los consumidores puedan elegir con conocimiento de causa", según el Consejo Europeo.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha aplaudido la publicación de este reglamento, largamente reivindicado por esta organización. “Representa un avance importante para reforzar la posición negociadora de agricultores y ganaderos en toda la Unión Europea”, aseguran desde UPA, y explican: “Muchas de las medidas ya forman parte de la legislación española, a la vanguardia europea en la defensa de los agricultores y ganaderos”.
