Energía fotovoltaica en el medio rural: ¿caballo grande?

Por Jesús López Colmenarejo, director ejecutivo de Grupo Editorial Agrícola

Cuando he visitado zonas rurales de Alemania o de otros países del norte de la UE siempre me he encontrado abundantes paneles solares en los tejados de explotaciones agrarias, márgenes de carreteras y algún que otro terreno de uso agrícola. Es más, en estos países se sorprenden de que en un país con la cantidad de horas de luz que tiene España no tengamos desarrollado un parque fotovoltaico acorde con nuestras posibilidades.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado recientemente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, una iniciativa que tiene entre sus objetivos electrificar nuestra energía y descarbonizar la economía. En él la energía fotovoltaica tiene un papel importante, todo llega.

Y ya han empezado a lanzarse bajo esta iniciativa propuestas fotovoltaicas en nuestro medio rural, aunque llama la atención en la mayoría de ellas un hecho: su dimensión.

Nos encontramos frecuentemente con megapropuestas de hasta 800 MW y hasta 1.500 hectáreas de superficie promovidas por fondos de capital riesgo internacionales que ven estos proyectos rentables en términos económicos.

No se puede negar que gracias a la economía de escala y ubicaciones próximas a redes de distribución, estas iniciativas pueden serlo, ya que generan empleo y descarbonizan nuestra economía, pero ¿benefician a nuestro sector agrario?

Las propuestas que las empresas fotovoltaicas ofrecen a los propietarios de tierras hacen que muchos no se lo piensen: contratos a más de 30 años e ingresos anuales que suelen estar entre 1.500 y 2.000 euros por hectárea y año hacen que agricultores menos profesionales, con cierta edad y relevo complicado, vean en estas propuestas una solución para su futuro. Porque ¿qué trigo en secano produce estos rendimientos?

Otro enfoque muy diferente lo tienen los jóvenes que llegan al sector (muchos de ellos sin terrenos en propiedad) y que ven como muchas de las tierras que se utilizan para estos megaparques son las mejores de sus comarcas. Eso sin contar que, además, tras la implantación de un macroproyecto fotovoltaico en la zona, la perspectiva de otros agricultores en conseguir los mismos hacen que se dispare el precio medio de la hectárea en arriendo.

Además, el uso de la tierra para generar energía fotovoltaica no es compatible con percibir la PAC, y la calificación del terreno pasa de agrícola a industrial: es cierto que en muchos contratos la empresa promotora se compromete a pagar esa diferencia de coste, por lo que siempre es recomendable hacer un contrato con supervisión profesional.

Pero volvamos a la utilidad para el medio rural en su conjunto. ¿Y si se diera una vuelta razonada a esta situación? Evidentemente la situación comentada es perfectamente legal, pero ¿por qué no se prioriza que sean los propios habitantes del medio rural los que generen su energía, fomentando en la medida de lo posible el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de la zona donde se van a implantar los paneles?

Quizás estos criterios se podrían implementar en las próximas subastas de generación de energía renovable, redistribuyendo en la medida de lo posible nuestra riqueza solar, haciendo que esta llegue a alguien más que al propietario de la tierra y a la empresa promotora.

Promover parques más pequeños vinculados a explotaciones agrarias quizás pudiera ser una nueva oportunidad para complementar las maltrechas economías de muchos de nuestros productores, dar prioridad y reservar un porcentaje de la potencia subastada a proyectos más pequeños (quizás de menos de 5 MW) en el acceso a conexión a red puede no ser tan rentable directamente, pero sí contribuiría a conseguir un medio rural vivo.

A veces el camino más necesario no siempre es el más fácil, ciertamente.