Editorial Agrícola
Economía

España avanza en la reducción de la huella de carbono

05/01/2023

Por Ana Herrera, periodista agroalimentaria

El cambio climático está produciendo grandes desequilibrios que afectan al medio ambiente y a la agricultura. La actividad agraria, como el resto de sectores, contribuye a la emisión de gases efecto invernadero, al desgaste del suelo y al agotamiento de los recursos naturales. Pero es la única actividad productiva que también puede ser una gran aliada del medio ambiente, siempre y cuando se utilicen las prácticas agrarias más adecuadas y un correcto manejo del suelo. La agricultura y la ganadería producen el 23% de las emisiones globales de CO2. Y en su disminución está involucrado todo el sector, que extiende las buenas prácticas agrícolas de la agricultura de conservación y pone en marcha proyectos para reducir la huella de carbono y mitigar el cambio climático.


El sector agro en Europa y en España está impulsando iniciativas y proyectos, alianzas y colaboraciones que ayudan a avanzar en sostenibilidad mediante una agricultura del carbono, ya que los suelos constituyen uno de los principales almacenes de este elemento.

Reducir la huella de carbono se ha convertido en un objetivo prioritario para el sector, que pretende contribuir a la protección del medio ambiente y añadir valor al producto final. Y todo ello en consonancia con el Pacto Verde Europeo y los objetivos globales de la Cumbre del Clima, que año tras año corrobora su apuesta por la descarbonización. El reto actual es la reducción en un 45% de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Un enorme desafío de difícil alcance.

Agricultura de conservación

La Agricultura de Conservación (AC) constituye uno de los sistemas de manejo de la denominada agricultura del carbono por su capacidad para fijarlo en la tierra y reducir la contaminación. En España empezó a aplicarse a mediados de los años ochenta y ha ido aumentando lentamente.

Actualmente existen en España 2.196.707 hectáreas bajo este sistema: 845.018 ha en siembra directa y 1.351.689 ha con cubiertas vegetales en cultivos permanentes. En los últimos cinco años la AC ha aumentado en 111.385 ha, una superficie importante, pero el avance es más lento de lo que debería. Jesús Gil, presidente de la Asociación Española de Agricultura de Conservación así lo considera. Y destaca el papel imprescindible de ésta para disminuir la huella de carbono, pues “son las técnicas más adecuadas y eficientes en el uso de la energía de los insumos agrarios. Por ejemplo, reduce el gasoil en más del 50%. Al no labrar se reducen las emisiones directas de carbono que produce el laboreo al mineralizar parte de la materia orgánica del suelo.

Pero, sobre todo, dejar los suelos cubiertos de restos de cosecha o cubiertas vegetales en los cultivos permanentes aumenta la materia orgánica del suelo secuestrando carbono. Por todo ello, con esta agricultura se puede llegar a una agricultura neutra climáticamente y económicamente rentable, se lucha contra el cambio climático, se protege el suelo de la erosión y se aprovecha mejor el agua”.

Según Gil, “las prácticas más habituales de la agricultura de conservación en España son las cubiertas vegetales en cultivos leñosos y la siembra directa en cereales. En Andalucía, las cubiertas vegetales ya están implantadas en un tercio de sus cultivos permanentes. Y las dos Castillas, Cataluña y Extremadura destacan por su superficie en siembra directa”.

Los beneficios de la agricultura de conservación son reales y están cuantificados: “La agricultura produce más del 10% de los gases de efecto invernadero.

Pero, la superficie actual de Agricultura de Conservación permite secuestrar en España 9 millones de toneladas de CO2 equivalente. Si toda la superficie estuviera bajo estas técnicas llegaríamos a secuestrar 52 millones de toneladas de CO2 equivalente”, asegura Jesús Gil. Respecto a los objetivos de reducción de huella de carbono y el reto climático, este experto apunta que “hace falta una concienciación y un cambio profundo de actitud para lograr la reducción que se pretende. La agricultura es el sector más afectado por el cambio climático y debe ser el que encabece la lucha contra él”.

El papel fundamental de las organizaciones agrarias

El agro ya está encabezando esta lucha. Y las organizaciones agrarias son imprescindibles para impulsar esta compleja transición.

En el caso de ASAJA-Sevilla, José Fernando Robles, destaca que “lleva 25 años impulsando iniciativas para mejorar la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas, participando e impulsando proyectos y, siempre, partiendo de una premisa básica: que la integración de las consideraciones ambientales y climáticas debe pasar necesariamente por asegurar la rentabilidad de la actividad agraria”.

Para producir alimentos, al agricultor le tienen que salir las cuentas. Esto es corroborado por Antonio Torres, agricultor de secano en un pequeño pueblo vallisoletano, Villarmentero de Esgueva, quien asegura que “no habrá sostenibilidad sin rentabilidad. Tenemos que buscar ese equilibrio y tener un período de adaptación con cierta flexibilidad. El tractor agrícola tardó 60 años en implantarse. Ahora no disponemos de ese tiempo. Debemos ir dando pequeños pasos pero firmes que nos permitan ir siempre hacia adelante”.

Las organizaciones agrarias ayudan a los agricultores a obtener la información y formación necesaria para la aplicación de las buenas prácticas. Según Robles, “nos sorprendería la velocidad con la que el sector incorpora mejoras tecnológicas, sobre todo cuando pueden suponer una mayor eficiencia en la forma de producir. Sigue siendo fundamental ampliar el conocimiento y ponerlo a disposición de los agricultores”.

Cada vez más productores en España están implicados en la reducción de la huella de carbono. Antonio Torres es un ejemplo de ello; cultiva un total de 200 ha de trigo, cebada, colza, lentejas, garbanzos y vezas aplicando una agricultura de conservación. Explica que está “basada en el cuidado de nuestros suelos bajo la práctica de la siembra directa, una agricultura de precisión, ahorrando insumos agrarios y una agricultura digital, tomando decisiones en base a los datos que recojo. Todo ello me permite producir de manera más eficiente y sostenible a la vez que obtengo un beneficio económico”.

Este agricultor afirma que “la agricultura genera emisiones de gases efecto invernadero, al igual que todos los sectores, pero que también es la única que a la vez permite quitar CO2 de la atmósfera y retenerlo en suelo bajo la forma de carbono orgánico, gracias a un proceso clave: la fotosíntesis de los cultivos”.

Considera además que los agricultores tienen un alto compromiso con la protección medioambiental: “Sin ninguna duda el más interesado en cuidar el medio ambiente es el agricultor, ya que vive de ello. Hay una falsa imagen de la figura del agricultor que no se acerca a la realidad, el agricultor es una persona muy comprometida, que sabe cómo funcionan los ecosistemas y que ve en ello una oportunidad”.

A la vanguardia en investigación

Las universidades también juegan un papel fundamental para avanzar en sostenibilidad e innovación frente al cambio climático. Y entre las más sobresalientes, la Escuela Técnico Superior de Ingeniería Agrícola y de Montes (ETSIAM) de la Universidad de Córdoba, que aporta investigación e innovación agraria a través de su Finca Experimental de Rabanales.

Su responsable técnico, Francisco Márquez, explica que “desde la ETSIAM hay un conjunto de grupos de investigación que está trabajando de manera muy intensa desde hace más de 20 años. Algunos en la investigación e implantación de sistemas que ayudan a mitigar el cambio climático y la adaptación de los cultivos al mismo”.

Dentro de la finca experimental se están coordinando diferentes proyectos internacionales. El más reciente, el denominado Life InnoCerealEU, en el que participan 12 empresas. Utilizará la agricultura de conservación y técnicas de agricultura digital con el objetivo de almacenar hasta 2 toneladas de CO2 por hectárea al año en forma de carbono orgánico en los suelos.

Según Márquez “Life InnoCereal EU va a suponer un cambio de tendencias, buscando potenciar las sinergias público- privadas, enfocadas a mejorar la rentabilidad económica y ambiental de las explotaciones cerealistas, mediante la protección de los productores y el desarrollo de certificaciones que aseguren la trazabilidad del producto bajo en emisiones, mejorando la calidad para el consumidor y la seguridad alimentaria”.

La ETSIAM también está involucrada en otros proyectos, como el H2020 Super G y el proyecto Hiba Poptec, éste último, basado en la sensórica para optimizar el manejo y el uso de los insumos de los cultivos. Y Life Agricarbon, de gran calado y que, según Márquez, “es actualmente un referente para calcular cómo los cultivos se están adaptando al cambio climático mediante manejos bajo agricultura de conservación. Y permitirá ofrecer datos y ecuaciones que faciliten la venta de derechos de emisión por parte de los agricultores”.

En todos estos proyectos, la ETSIAM colabora con administraciones públicas regionales y nacionales, con asociaciones europeas centradas en el cambio climático y con multinacionales como Heineken, Cuétara, Limagrain o Sipcam, entre otras.

La nueva PAC y los eco-regímenes

La nueva Política Agraria Común, que entrará en vigor en 2023, exige la optimización en el uso de insumos agrarios y la mitigación y adaptación al cambio climático. Los denominados eco-regímenes en España estarán dotados con 1.100 millones de euros para ayudar a la renta de los agricultores. Y serán precisamente las prácticas de la agricultura de conservación el pasaporte para acceder a las subvenciones.

A este respecto, ASAJA-Sevilla se muestra crítica con las nuevas exigencias de la PAC al no ir acompañadas de recursos suficientes. Considera que “ni los consumidores ni el mercado reconocen suficientemente los incontables esfuerzos de agricultores y ganaderos para que en Europa se produzca conforme a los más altos niveles de calidad. Al contrario, se sigue reduciendo el presupuesto de la PAC y, paradójicamente, se nos reclama una mayor ambición ambiental, que yo denominaría más bien voracidad ambiental, y que se olvida de que la función principal de la agricultura es la producción de alimentos y materias primas y que, además, agricultores y ganaderos deben poder vivir de su trabajo”.

Esta organización agraria “rechaza de plano el diseño de los eco-esquemas realizado por el Ministerio de Agricultura, “porque suponen una auténtica tasa plana, que provoca una importante pérdida de fondos para Andalucía y porque son la antítesis de la pretendida simplificación administrativa. Los agricultores están hartos de burocracia y, desgraciadamente, los eco-esquemas traen más complejidad al campo”.

Antonio Torres opina que los eco-regímenes son “poco flexibles y complicados. Los agricultores no deberíamos estar haciendo cálculos y sacando porcentajes para ver si cumplimos con los requisitos de la PAC. Cada zona es un mundo. La PAC debería simplificarse, pero se ha convertido en un auténtico acertijo”. Sin embargo, considera que “al margen de esto, las medidas en las que se basan los eco-esquemas, en cuanto a la rotación y la siembra directa, son la base de la agricultura actual, aunque conlleven otros problemas”.

A este agricultor no le satisface cómo se está gestionando la nueva PAC “por la desinformación que se está produciendo en un momento clave para el sector. Nos encontramos en la siembra más cara de la historia y sin embargo se está desanimando al agricultor a comenzar el año. Sólo hay suposiciones y nada escrito en firme. Este era un año para incentivar al agricultor, pero se ha convertido en todo lo contrario”.

Torres afirma que las organizaciones agrarias ayudan a comprender la nueva PAC, pues “llevan a cabo una labor imprescindible por los pueblos. Son profesionales que están explicando de la manera más sencilla posible ese laberinto de porcentajes y cumplimientos.

En particular, ASAJA- Valladolid es una organización muy comprometida con una agricultura que mira hacia el futuro”.

Créditos de carbono, una buena opción para el agricultor

El agricultor que contribuya con sus buenas prácticas a secuestrar carbono, y por tanto a luchar contra el cambio climático, podrá obtener beneficio de ello vendiendo créditos en el mercado voluntario de carbono.

Los créditos de carbono son un instrumento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En la futura regulación de la certificación de carbono está inmersa precisamente la Comisión Europea en estos momentos.

Robles explica que dicha certificación servirá para “facilitar una mayor implicación del sector agrario en los mercados de carbono. En ASAJA-Sevilla siempre hemos apostado por la participación del sector agrario en los programas de generación de créditos de carbono como un mecanismo que puede ayudar a mejorar su rentabilidad. Ya hemos ayudado a dar a conocer distintas iniciativas puestas en marcha desde el sector privado y seguiremos dando la bienvenida a nuevos proyectos siempre que sean rigurosos”.

La organización agraria advierte, sin embargo, que se deben mejorar aspectos, “es necesaria una menor complejidad, una mayor transparencia en los procesos de generación y comercialización de los créditos y, sobre todo, una retribución más justa para los agricultores”.

Para Antonio Torres, los mercados de crédito de carbono pueden ser “una buena opción para premiar a los profesionales que intentan hacer las cosas mejor” y considera que un ingreso extra por el secuestro de carbono “podrá ayudar a evolucionar y a realizar prácticas como una agricultura regenerativa en nuestras explotaciones”.

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