La PAC más complicada de repartir

La próxima Política Agrícola Común (PAC) será inevitablemente más verde y fiscalmente más dura si asumimos que el incumplimiento de los requisitos de condicionalidad, y otros nuevos del “New Green Deal”, podrían provocar la devolución forzosa de mucho dinero. De momento, y a falta de que el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea se aclaren sobre el porcentaje que los Estados miembros deben reservar en sus programas estratégicos de aplicación, sabemos que al menos serán 1.000 millones de euros anuales los que dependan de estos programas medioambientales o ecoesquemas, o quizás más, si prospera la posición del Parlamento que aboga por un 30% de presupuesto.

Por Jorge Jaramillo, periodista agroalimentario

No obstante, el debate es más amplio porque desaparecerán los derechos históricos, habrá un techo de ayudas por explotación, una convergencia para igualar pagos directos, y se reforzará la posición del agricultor “genuino”. El ministro Luis Planas sigue intentando neutralizar cualquier conato de “guerra territorial” por los fondos advirtiendo de que la nueva PAC es una evolución y no una pelea entre 17 autonomías. Sin embargo, ninguna está dispuesta a perder.

La conferencia sectorial temática de Agricultura, convocada el pasado 10 de diciembre por el MAPA y las comunidades autónomas, aboca a todas las partes a intentar resolver por consenso la versión provisional del Plan Estratégico de aplicación de la nueva PAC de aquí a primavera, para elevar después en otoño la definitiva a Bruselas con el fin de recibir la aprobación para que entre en vigor en enero de 2023.

De momento, trabajan con cierto margen porque durante los dos próximos años nada cambiará gracias al reglamento de transición aprobado el pasado 27 de noviembre por el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea. A partir de entonces, sin embargo, nada será igual.

Porque superado el debate de los fondos disponibles, y dejando atrás los recortes que aprecian algunas organizaciones agrarias, y que el MAPA niega al sumar un disponible de 47.500 millones de euros para otros siete años más, toca establecer las prioridades en un modelo de distribución que pretende acabar con los derechos históricos como base de cálculo de las ayudas que, por otra parte, en un 20%, o quién sabe si en un 30%, estarán sujetas a la participación voluntaria en programas medioambientales.

Los denominados “ecoesquemas”, representan, en este sentido, los cimientos de la nueva arquitectura verde a partir de las directrices del Pacto Verde y de las pautas para ir hacia modelos sostenibles recogidas en una comunicación sobre la biodiversidad y en la “Estrategia del campo a la mesa”. Entre las exigencias está reducir el uso de abonos químicos, fitosanitarios, ampliar las tierras en descanso hasta un 10% de la superficie agraria útil (SAU) de la UE, o alcanzar en 2030 un 25% de dicha SAU en producción ecológica.