Esa cifra de producción de la rama agraria se ha alcanzado con un incremento tanto de las cantidades producidas (7,3%) como de los precios percibidos (2,6%).
El volumen de trabajo en la agricultura según el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha aumentado este año un 2,9%, por lo que la renta agraria en términos corrientes por Unidad de Trabajo Anual (UTA) se incrementa un 9,7%, hasta alcanzar los 48.712 euros.
La producción vegetal ha aumentado un 11,9% en valor, hasta los 43.637 millones de euros, debido al notable incremento de las cantidades producidas (+10,8%), en un año climáticamente favorable en la mayoría del país. A ello se une el incremento de los precios percibidos por los agricultores (+1%).
Destaca el significativo incremento del volumen de producción de cereales, de un 20,4%, debido a la favorable pluviometría de la primavera, con un valor que supera en un 16,6% al del año 2024, a pesar de que los precios han descendido un 3,2%.
En cuanto al principal sector del país, el de frutas y hortalizas, que supone casi las dos terceras de la producción vegetal total en España, destacan los incrementos del valor, de un 24,1% en el caso de las frutas y del 5,9% en el de las hortalizas, debido al ascenso de los precios (21,4% y el 7,2%, respectivamente).
En cuanto a la producción animal, aumenta también un 7,9% hasta los 30.205 millones de euros, debido al buen comportamiento tanto de la cantidad producida (2,6%) como de sus precios (5,1%). Destacan los incrementos en valor de los huevos (26,6%), así como del bovino (15,2%) y la carne de ave (8%).
Los consumos intermedios (factores de producción) registran un aumento del 5,7%, y alcanzan los 32.650 millones de euros, debido tanto al aumento de las cantidades utilizadas (2%) y a la subida de sus precios (3,7%).
El ministerio de Agricultura aclara que estas estimaciones se elaboran de acuerdo con el calendario y metodología armonizada a nivel de la Unión Europea correspondiente a la primera estimación de la renta agraria nacional, que se realiza en noviembre, por lo que no se contemplan los posibles impactos económicos vinculados a adversidades climáticas, problemas sanitarios o de otra índole que tengan lugar en una fecha posterior, como el brote de peste porcina africana.