23/03/2026
Las líneas de apoyo específicas para los sectores agrario y pesquero contempladas en el real decreto ley de medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán tienen un valor de 877 millones de euros del total de 5.000 millones movilizados en este plan.
Además de las medidas aprobadas con carácter general para ciudadanos y empresas, se establecen ayudas directas a los agricultores para la compra de fertilizantes, subvenciones de 20 céntimos por litro de gasóleo de uso agrícola y apoyos de acceso a la financiación para el sector agroalimentario y pesquero, además de exenciones fiscales y compensaciones por el incremento de costes de producción para el sector pesquero.
Las medidas específicas para el sector agrícola y ganadero
Entrando en el detalle de las medidas concretas aprobadas para el sector agrario, la ayuda de 20 céntimos por litro para la adquisición de gasóleo agrícola se prolongará hasta el próximo 30 de junio y no requiere de ningún trámite adicional por parte de los agricultores y ganaderos que puedan acogerse a ella. Esta subvención, que cuenta con un presupuesto de 52 millones de euros, se considerará solicitada con la presentación de la petición de la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, del que están exentos los agricultores y ganaderos.
Asimismo, para la adquisición de fertilizantes se establece un presupuesto de 500 millones de euros destinado a subvenciones directas. Se trata de una ayuda similar a la establecida tras la invasión rusa de Ucrania, aunque en esta ocasión se podrán beneficiar de ella todos los agricultores que estén dados de alta en los registros de explotaciones agrarias y no solo los que reciben las ayudas de la PAC. Teniendo en cuenta el alza de los precios de las materias primas, el petróleo y el gas a raíz del conflicto bélico en Oriente Próximo, los fertilizantes son uno de los insumos que más se ha encarecido y la medida trata de aliviar este coste en las explotaciones agrarias.
Por otro lado, el real decreto-ley amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA para el sector agroalimentario y pesquero, habilitada tras la invasión rusa de Ucrania para facilitar el acceso a la financiación. El fondo para la subvención del principal de los créditos se dota con 225 millones de euros y se destinan los 75 millones a sufragar los avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) necesarios para la obtención de los créditos.
Además, se establecen ayudas compensatorias para la flota pesquera por los costes derivados de la guerra, con un presupuesto de 25 millones, así como la exención de la tasa sobre pesca fresca, hasta el 30 de junio.
A estas medidas específicas se suman las medidas generales de reducción fiscal, que disminuyen hasta el 10% el IVA que se aplica a la electricidad, los carburantes (gasolina y diésel), el gas, los pellets y la leña.
Primeras valoraciones desde el sector
Aunque reconoce elementos positivos en el conjunto de medidas aprobadas, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos considera que es “claramente insuficiente para responder a la magnitud del impacto sobre el sector agrario”, para lo que considera necesario adoptar reformas de carácter estructural, más allá de las medidas temporales y coyunturales establecidas.
La organización valora la ayuda directa para la adquisición de fertilizantes, aunque considera que se queda corta y no compensa el incremento generalizado de los costes de producción. Asimismo, subraya que el paquete aprobado no contempla ayudas específicas para el sector ganadero, que se verá afectado por el encarecimiento de los costes de la alimentación animal.
En este sentido y en previsión de que el conflicto se alargue en el tiempo, Unión de Uniones reclama un fondo extraordinario de 1.500 millones de euros destinado a ayudas directas para agricultores y ganaderos de los sectores más afectados.
En cuanto a las medidas de carácter estructural, solicita la reducción permanente del IVA de los insumos agrarios al mínimo permitido por la normativa europea; el establecimiento de un gasóleo profesional agrario con fiscalidad reducida aplicada directamente en el precio en surtidor, con carácter estable, así como la aplicación continuada de un sistema de doble tarifa eléctrica para el regadío, que permita adaptar la potencia contratada a las necesidades reales de las explotaciones a lo largo del año, y no únicamente en situaciones excepcionales.
Unión de Uniones recuerda que el real decreto-ley deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados y podrá tramitarse como proyecto de ley, lo que abre la posibilidad de introducir estas y otras mejoras.
Por su parte, Asaja coincide en el análisis de unas iniciativas que considera, asimismo, insuficientes y considera que solo tendrán cierto efecto si la situación internacional se resuelve en el corto plazo. “Estas medidas pueden ayudar puntualmente, pero no resuelven el problema real. El campo necesita medidas estructurales que garanticen su viabilidad”, inciden.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores recuerda que esta situación es la que llevó a miles de agricultores y ganaderos a movilizarse a principios de 2024, y señala que la actual crisis energética es un agravante más de un problema que viene de lejos.
