15/06/2026
Por un lado, todo el mundo parece consciente de que esta tecnología ofrece importantes ventajas para el sector agrícola, especialmente en el contexto de la agricultura de precisión.
La más evidente es la alta precisión en la aplicación, dado que los drones pueden tratar únicamente las zonas que lo requieran, evitan solapes y reducen pérdidas de producto, lo que supone una mayor eficacia de los tratamientos y un uso más racional de los insumos.
Otra ventaja relevante es el ahorro de fitosanitarios y agua. Al aplicar dosis ajustadas a las necesidades del cultivo, se reduce el consumo de productos químicos y, en consecuencia, los costes asociados. Además, esta precisión contribuye a disminuir el impacto en el medio ambiente, ya que se limita la deriva del producto hacia áreas no objetivo, protegiendo tanto el suelo como los recursos hídricos y la biodiversidad.
Los drones también permiten trabajar en zonas de difícil acceso, como parcelas con pendientes pronunciadas, cultivos en terrazas o terrenos encharcados, donde la maquinaria terrestre no puede operar con facilidad. Esto amplía las posibilidades de tratamiento en explotaciones complejas, como viñedos de montaña u olivares tradicionales.
Un valor añadido a todo esto puede ser también la rapidez de intervención, lo que resulta clave ante plagas o enfermedades que requieren una respuesta inmediata y permite actuar en el momento óptimo, mejorando la efectividad de las aplicaciones.
Y no hay que olvidar que, desde el punto de vista de la seguridad, el uso de drones reduce la exposición directa del agricultor a los productos fitosanitarios, disminuyendo riesgos para su salud.
Pues bien, por otro lado, y aunque parezca chocante, nos encontramos que la normativa vigente en España no permite, como norma general, el empleo de estas máquinas para la pulverización de fitosanitarios.
La legislación española considera el uso de drones para aplicar fitosanitarios como un tipo de tratamiento aéreo, y lo equipara a otros medios como helicópteros o avionetas. El Real Decreto 1311/2012, que regula el uso sostenible de los productos fitosanitarios, establece una prohibición general de las aplicaciones aéreas, con el objetivo de reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, aunque esta prohibición no es absoluta.
Es cierto que se pueden producir excepciones, pero deben cumplirse una serie de requisitos muy estrictos. En primer lugar, es imprescindible obtener una autorización previa por parte de la autoridad competente de la comunidad autónoma; por otra parte, el solicitante debe justificar que existe una situación que lo haga necesario (puede ser el caso de una emergencia fitosanitaria, por ejemplo), y asimismo debe demostrar que no existen alternativas viables desde el punto de vista técnico o económico.
Por si fuera poco, los productos fitosanitarios que se utilizan en los drones deben estar específicamente autorizados para su aplicación aérea y los operadores deben estar registrados y habilitados ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, deben contar con la formación adecuada, disponer de seguros de responsabilidad civil y realizar evaluaciones de seguridad posteriores a las operaciones.
Y para poner la guinda al pastel, es curioso constatar que en la actualidad existen proyectos de investigación diversos, tanto en España como en la Unión Europea, centrados en la aplicación de fitosanitarios mediante drones.
En España tenemos por ejemplo el caso de GO PhytoDron, ya finalizado, que sentó las bases científicas para este tipo de aplicaciones. Su trabajo se centró en demostrar la seguridad y eficacia de los drones en tratamientos agrícolas, y mostró resultados prometedores en la reducción de la deriva y la optimización de dosis. También está el GO DRONSafe (que comenzó en 2024 y se prolonga hasta 2027), y a nivel europeo, el proyecto SPADE (2022–2026), financiado por Horizon Europe, también estudia el uso de drones en agricultura, incluyendo su aplicación en pulverización.
Resumiendo, en teoría contamos con las ventajas de la tecnología que implica el uso de drones en aplicación de fitosanitarios. Aun así, por ser puristas, invertimos millones de euros intentando demostrarlo científicamente y mientras tanto la legislación vigente impide el avance.
En la UE estamos conduciendo un coche que quiere correr la carrera de la globalización, pero lo hace con el freno echado, quizás este sea el gran problema de la UE.
