21/10/2026
Durante el evento se puso el foco en el papel de la innovación en la protección de cultivos para mantener la competitividad y la rentabilidad del sector agroalimentario español y se exploró cómo equilibrar las altas exigencias medioambientales y sanitarias de la UE con la necesidad innegociable de seguir produciendo alimentos de forma rentable y sostenible en el campo.
Como punto de inicio, Ana Rodríguez, secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del MAPA, y José Manuel Palacios, director de la ETSIAAB, dieron la bienvenida a los invitados y enmarcaron la jornada. Así, en su intervención, Ana Rodríguez subrayó que la regulación en sanidad vegetal no debe cercenar la actividad productiva y debe priorizar la viabilidad y rentabilidad económica del agricultor. Respecto a la propia Ley Ómnibus, si bien reconoció que representa un avance, también dijo que el sector requiere un nivel de simplificación administrativa mucho mayor. Y como innovación innegociable, remarcó la investigación, de la que dijo "es indispensable para aportar nuevas ideas y autorizar productos de reemplazo eficaces ante la retirada de materias tradicionales".
Por su parte, José Manuel Palacios advirtió que la profusión de cambios normativos somete al sector agrario a un "test de estrés" y subrayó que el desarrollo tecnológico y la protección vegetal son aún más cruciales en el contexto climático actual, "en el que se observa el desplazamiento y la aparición de nuevas plagas y enfermedades".
La transformación de la sanidad vegetal en España
Antonio Vicent, coordinador del Centro de Protección y Biotecnología del IVIA y presidente del Panel Científico de Sanidad Vegetal de la EFSA, impartió una ponencia magistral bajo el título "Radiografía del sistema español de protección de cultivos: presente, pasado y futuro".
Como punto de arranque, abordó la evolución de la sanidad vegetal de los años 60 al escenario actual y comparó la protección de cultivos tradicional (basada casi en su totalidad en químicos sintéticos de amplio espectro) con el modelo actual, articulando esta evolución en tres ejes clave: la llegada de nuevas plagas y enfermedades de forma constante; la menor disponibilidad de químicos de síntesis y la transición hacia alternativas de base biológica; y la eclosión de nuevas tecnologías de digitalización, monitorización y modelos predictivos.
Precisamente en relación con el creciente desafío fitosanitario, Vicent se detuvo en el papel de las fronteras y la gestión proactiva del riesgo y aclaró que la entrada de patógenos no se debe a fallos de inspección, sino a que es estadísticamente imposible revisar el 100% del comercio internacional sin colapsarlo. "Por ello, el nuevo marco normativo exige un enfoque proactivo de preparación previa", dijo.
Respecto a la diversidad de grupos químicos y el riesgo de resistencias subrayó que el problema principal no es solo la reducción del número absoluto de materias activas, "sino la pérdida de diversidad en los grupos químicos disponibles".
Por último, se mostró optimista respecto a la combinación de agronomía, digitalización, herramientas de biocontrol y Nuevas Técnicas Genómicas (NGTs), de la que dijo, "permitirá afrontar con éxito este cambio de paradigma en la protección de cultivos".
Entre las restricciones regulatorias y la necesidad de producir
Vicent fue de uno de los participantes de la primera mesa redonda, que bajó el título "Sanidad Vegetal en España, ¿sin innovación no hay cosecha?" abordó el futuro del sector ante el cambio de paradigma impulsado por la paulatina reducción de fitosanitarios sintéticos y la adaptación a las exigencias regulatorias de la Unión Europea.
Junto a él, participaron en el debate el agricultor extremeño Óscar Llanos; Luis Martínez, director técnico de FEPEX, y Carlos Romero, subdirector General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del MAPA.
Cómo no podía ser de otra forma, se analizó el impacto que supone haber pasado de más de 1.000 materias activas autorizadas a unas 450 en las últimas dos décadas. En este sentido, Óscar Llanos alertó de que la escasez de materias activas encarece la producción y causa deficiencias graves porque hay plagas para las que no existen alternativas reales o que están desarrollando resistencias.
Al respecto, el responsable del MAPA reconoció que "no va a haber mayor disponibilidad de químicos en el futuro en la UE debido al marco normativo" ya que la transición tras el Reglamento 1107/2009 fue "excesivamente acelerada". No obstante, matizó que van a emerger nuevas moléculas químicas con perfiles ambientales y sanitarios "mucho más amables".
En este escenario de creciente restricción, Carlos Romero sostuvo que las autorizaciones excepcionales no pueden ser una herramienta permanente de futuro y que la Administración debe ser rigurosa con sustancias clasificadas como disruptores endocrinos o genotóxicos.
De cara al futuro, Luis Martínez abogó por combinar todas las herramientas disponibles (química, biocontrol, IA, drones y NGTs). Asimismo, se mostró confiado en que la futura regulación europea sobre NGTs, prevista para 2028, abra un camino decisivo para el desarrollo de variedades más tolerantes a la sequía y las plagas.
También hubo espacio para reflexionar sobre la competitividad internacional del sector y las relaciones comerciales con terceros países. Antonio Vicent describió la situación europea como una auténtica “encrucijada”, marcada por la exigencia social de los más altos estándares ambientales y, al mismo tiempo, por la condición de Europa como una economía abierta al comercio global, donde la entrada de nuevas plagas a través de las fronteras resulta difícil de evitar. En esta línea, Luis Martínez alertó de la pérdida progresiva de competitividad de las producciones europeas frente a países con menores costes de producción y requisitos regulatorios menos exigentes. Una preocupación compartida por Óscar Llanos, quien puso de manifiesto la falta de reciprocidad existente al exigir a los agricultores europeos elevados estándares productivos mientras compiten con importaciones procedentes de países con condiciones muy diferentes. Frente a estas consideraciones, Carlos Romero recordó que España mantiene una sólida posición como potencia exportadora agroalimentaria y advirtió de que la aplicación de cláusulas espejo debe abordarse con cautela, ya que una exigencia equivalente por parte de los mercados de destino podría acabar dificultando las exportaciones españolas.
Claves políticas de la reforma
La segunda mesa redonda giró en torno a los pormenores de la negociación política del paquete legislativo Ómnibus X. Éstos fueron analizados por Rocío Wojski, miembro de la Representación Permanente de España ante la UE, de la mano de Francisco García Verde, responsable de Asuntos Corporativos de Syngenta.
Rocío Wojski explicó que el paquete se tramitó mediante un "procedimiento acelerado" y que la coordinación fue muy compleja al requerir la puesta en común de 27 Estados miembros y de múltiples ministerios en cada país (Agricultura, Sanidad, Medio Ambiente y Comercio).
En su intervención, Wojski expuso algunos de los puntos de fricción más relevantes entre los diferentes Estados miembros en la discusión. Uno de ellos fue el del papel que deben desempeñar las herramientas de biocontrol dentro de la estrategia fitosanitaria europea. "Algunos países del centro y norte de Europa defendían que los procedimientos acelerados de autorización se aplicaran de forma prácticamente exclusiva a las soluciones de biocontrol. Sin embargo, España, junto con otros Estados miembros como Francia, Italia y Polonia, sostuvo que, aunque estas herramientas son esenciales para avanzar hacia una agricultura más sostenible, por sí solas no son suficientes para hacer frente a la elevada presión de plagas y las condiciones climáticas características del sur de Europa. Esta posición permitió reorientar el planteamiento inicial hacia una simplificación de los procesos de autorización para el conjunto de las sustancias consideradas de bajo riesgo, ampliando así el abanico de soluciones disponibles para los agricultores".
Otro de los puntos de fricción fue el relacionado con los límites máximos de residuos (LMR) y las importaciones procedentes de terceros países. "El debate puso de relieve la dificultad de encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar condiciones de competencia equitativas para los productores europeos y el temor de algunos Estados miembros a que mayores exigencias para los productos importados pudieran traducirse en tensiones comerciales o en un incremento de los precios de los alimentos para los consumidores. De este modo, la discusión volvió a evidenciar la complejidad de compatibilizar sostenibilidad, seguridad alimentaria y competitividad en un mercado cada vez más globalizado".
En cuanto al calendario legislativo, Rocío Wojski explicó que la reforma aún deberá afrontar una fase decisiva en las instituciones europeas. "Una vez que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre las más de 1.100 enmiendas presentadas al texto, se abrirán las negociaciones a tres bandas entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea". Según avanzó, estos trabajos comenzarán previsiblemente durante la presidencia irlandesa del Consejo de la UE y podrían prolongarse hasta la presidencia lituana, momento en el que se espera alcanzar un acuerdo definitivo.
"De cara a esta nueva etapa, España ha mostrado su intención de defender el texto de compromiso alcanzado en el Consejo, con el objetivo de preservar los avances logrados durante la negociación en ámbitos como la simplificación administrativa, la agilización de los procedimientos y la seguridad jurídica para agricultores y empresas del sector", dijo.
Como conclusión, Francisco García Verde argumento que "el verdadero éxito de la Ley Ómnibus no se medirá solo por lograr la aprobación del texto en Bruselas, sino por su capacidad real de traducirse en el campo en un acceso más rápido, previsible y armonizado a soluciones efectivas para los agricultores".
Si te perdiste el encuentro, puedes verlo aquí:
