Esto supone un coste añadido para los productores españoles de frutas y hortalizas, y que también existe en las posteriores etapas de elaboración y transformación, pero que el propio sector considera imprescindible como parte de su compromiso con la sociedad. Sin embargo, según los datos del último Eurobarómetro, aunque los consumidores exigen esos métodos de producción sostenibles tienen un bajo nivel de conocimiento de los mismos y priman el precio como principal factor de compra.
España es el principal productor de frutas y verduras de la Unión Europea (UE), con una cuota del 28,4%, y es la segunda potencia exportadora mundial en valor -unos 17.800 millones de euros en 2022- y un superávit comercial de 12.292 millones de euros. Son datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que reflejan la competitividad de este sector y que ponen de relieve la importancia de contar, en la actividad comercial orientada al mercado, con mecanismos que avalen que los productos hortofrutícolas cuentan determinadas características objetivas de calidad o que se cumplen ciertos requisitos en su proceso de producción. Aquí es donde entra en juego las certificaciones por organismos internacionales, nacionales o regionales, públicos o privados, que realizan un riguroso control para garantizar al consumidor que un alimento cuenta con esas características diferenciadoras en su calidad.
En este contexto, en los últimos años se ha registrado un aumento significativo en la certificación de los productos hortofrutícolas ante la necesidad del mercado de respaldar que los productos sean seguros, que cuentan con una calidad concreta y que se han producido a partir de prácticas sostenibles desde el punto de vista ambiental. El objetivo, por tanto, es dar confianza al consumidor sobre el modelo de producción de ese alimento.
Actualmente, ese sistema engloba numerosas certificaciones, van desde el GlobalGAP -como certificación de referencia en la producción primaria en general y en la producción hortofrutícola en particular- hasta las certificaciones reguladas de agricultura ecológica o de las Denominaciones de Origen Protegidas, pasando por la certificación de producción integrada, para la obtención de alimentos utilizando prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. A todo ello se han sumado otras exigencias en todas las etapas de la producción, como la huella de carbono, el nivel de residuos plaguicidas por debajo de los límites máximos de residuos-LMR o la sostenibilidad laboral de la actividad a partir del bienestar de los trabajadores.
De tal modo, con anterioridad a que las frutas y hortalizas españolas lleguen a los lineales de cualquier supermercado deben pasar por una serie de rigurosos controles que las evalúan en todas las fases del proceso de producción, incluso previamente a ser cultivadas.
¿Compensa el esfuerzo?
Son exigencias de producción que se basan en las demandas de los consumidores, cada vez más preocupados por la forma en la que los alimentos son producidos, además de por su calidad. Tanto es así que la UE lleva a cabo una encuesta a través de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre la seguridad alimentaria. Sin embargo, los datos del último Eurobarómetro reflejan que el precio de los alimentos prevalece, junto a su calidad, sobre los métodos de producción y sostenibilidad ambiental, sugiriendo un bajo nivel de conocimiento de la forma en que se cultivan las frutas y hortalizas que consumen.
Por tanto, cabe preguntarse si esas certificaciones en frutas y hortalizas, que suponen un coste y esfuerzo añadido, compensan al productor. “Sin duda, compensa”, asegura Carlos Franco, responsable técnico de Onubafruit, cooperativa de segundo grado de la provincia de Huelva que comercializa su fruta en diferentes mercados de más de 40 países, especialmente en Europa. “Como cualquier actividad económica, la agricultura está ligada al entorno natural y social en el que se desarrolla, e interactúa con éste. Por lo tanto, cualquiera de las medidas que procuran las certificaciones para frutas y hortalizas aporta beneficios sociales, económicos y medioambientales que, además, mejoran la eficiencia de la producción y de la gestión de las explotaciones”, explica.
En la misma línea se manifiesta Vicente Faro, presidente del Comité de Agricultura Ecológica de Valencia (CAECV), una entidad que tiene como finalidad el control, certificación, representación y defensa de los productos ecológicos, la investigación y la promoción con respecto a los mismos. “El coste económico en la producción es mayor. ¿Compensa? Sí, porque el respeto al medioambiente y a los recursos naturales forma parte de nuestro compromiso con la sociedad. Y lo que necesitamos es que la sociedad también nos corresponda, consumiendo más productos certificados”, afirma.
Faro resalta que la certificación ecológica controla todo el proceso de producción, elaboración y transformación de un alimento, garantizando que ha sido producido según las normas de la agricultura ecológica, basadas en la sostenibilidad ambiental. Y ahí radica la ventaja: “que el consumidor que lo conoce y valora sabe que tiene ante sí un producto de una calidad diferenciada. Y que tiene un coste concreto porque evidentemente cuesta más producirlo”, apunta el presidente del Comité de Agricultura Ecológica de Valencia.
Desconocimiento
No obstante, la percepción de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria en el sector de frutas y hortalizas certificadas considera que los consumidores no están familiarizados de forma real con todo lo que significan y suponen esas certificaciones que están exigiendo. “Mucha gente sabe que hay productos ecológicos pero la mayoría no sabe que se requiere una certificación para poner ‘ecológico’ en la etiqueta y menos aun lo que se necesita para obtener esa certificación”, expone el responsable técnico de Onubafruit.
“Todos somos consumidores y debemos ser coherentes con lo que pensamos y pedimos al realizar la compra”, agrega el presidente del Comité de Agricultura Ecológica de Valencia, quien pone un ejemplo muy claro al respecto: si una familia consume 10 kilos de arroz al año y el ecológico cuesta sólo un euro más, al final la diferencia es sólo de 20 euros en todo un año, con la tranquilidad que supone saber cómo se ha producido ese arroz, que lleva en su envase el sello de la “eurohoja”, un elemento común a nivel europeo que garantiza que el producto procede de un modelo de agricultura ecológica.
“El consumidor pide productos de la máxima calidad, que garanticen la seguridad alimentaria y, además últimamente, respetuosos con el medio ambiente; pero no conoce, hoy por hoy, lo que significan todos los sellos que pueden encontrar en los productos, porque son muchísimos y cada uno representa cosas distintas”, señala Felipe Medina, secretario general técnico de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), la primera organización empresarial de distribución alimentaria del país, que representa el 75,4% de la distribución alimentaria en España.
Medina considera así que la asignatura pendiente del sector agroalimentario reside en comunicar bien a la sociedad todo el trabajo que hay detrás de cada alimento, desde la labor de agricultores y ganaderos, pasando por cooperativas e industrias transformadoras, hasta la distribución. Es la solución que plantea para que el consumidor perciba el trabajo que realiza el sector hortofrutícola español, con un modelo de producción que ya garantiza las peticiones y exigencias de los consumidores.
Incrementar el conocimiento por parte de los consumidores del esfuerzo que suponen esas certificaciones acreditadas conllevaría un incremento de la valoración de ese trabajo por parte de los productores, que actualmente sólo existe en un pequeño porcentaje de esos consumidores.
“No creo que el consumidor tenga ahora mismo mucha percepción del esfuerzo que suponen estas certificaciones y, por tanto, no lo valora”, subraya Carlos Franco, responsable técnico de Onubafruit, quien señala el precio como el gran determinante en la cesta de la compra.
Más pedagogía
“El consumidor está exigiendo determinadas prácticas ambientales y certificaciones en los alimentos. Pero la situación económica es la que es y, sobre todo en los últimos meses en los que la inflación alimentaria se ha hecho más patente, lo que estamos viendo es la tendencia a mirar más el precio y buscar productos distintos con los que combinar la cesta de la compra y defenderse de las subidas de precios”, agrega el secretario general técnico de ASEDAS, Felipe Medina.
Y es que en el precio es donde radica la principal problemática con que se encuentra el sector de frutas y hortalizas español, que es ejemplo a seguir en cuanto a calidad, cumpliendo ya unos altos estándares que están además controlados con certificaciones de esa calidad que garantizan al consumidor todas las exigencias que plantean, tanto del producto como de la forma de producción. De ahí que el sector agroalimentario abogue por que sostenibilidad ambiental y económica vayan de la mano para garantizar la viabilidad de las explotaciones y de la actividad agraria.
“Queremos una agricultura y unos alimentos que cumplan mil requisitos, que ya llevamos a efecto. Por eso, lo que nos rompe el corazón y nos llena de indignación es que se permita que entren productos de fuera de la UE sin los mismos estándares que estamos cumpliendo nosotros”. Así de tajante se muestra el presidente del Comité de Agricultura Ecológica de Valencia.
La legislación europea está exigiendo determinadas condiciones de trazabilidad, seguridad laboral, etc. en el campo y que los agricultores cumplen para ofrecer así esa calidad en su producción que ha llevado a España a ser una potencia hortofrutícola mundial, como confirman los datos de exportación de frutas y hortalizas de los últimos años. “Sin embargo, permite que se pueden importar alimentos de otros países en los que se han usado productos fitosanitarios sin control o que se han producido sin condiciones laborales mínimas; y ahora, tenemos que competir con ello en precio”, destaca Vicente Faro, quien concluye indicando que “estamos luchando todos los días para que nuestros productos sean competitivos, pero nos cuesta mucho cumplir con todas estas exigencias si al final nuestros productos están tirados de precios, porque eso no nos permite vivir de nuestro trabajo, como cualquier persona”.