08/05/2024
Los máximos representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca; de Asaja, Pedro Barato; y de COAG, Miguel Padilla, dieron a conocer este martes en rueda de prensa dicho documento de consenso, al que titularon ‘Agricultura, cuestión de Estado. Unidad de acción: soluciones concretas para el campo’. En él se recopilan ideas en materia de Política Agrícola Común (PAC), comercio internacional, Ley de la Cadena, agua, ganadería, relevo generacional, trabajo, financiación, fiscalidad, seguros agrarios, medio ambiente y fauna salvaje.
El otro plan
Con respecto a la PAC, los firmantes proponen “una simplificación real de la PAC y eliminación de burocracia para agricultores y ganaderos”, pues consideran que “el plan estratégico de la PAC que ha preparado el Ministerio de Agricultura ha resultado decepcionante para nosotros, España desaprovecha el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario mayoritario en nuestro país y se centra de forma exclusiva en un paradigma ambiental con un enfoque burocratizado”.
En cuanto al comercio internacional, reclaman “el cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales e introducción de las cláusulas espejo en los mismos”, mientras que a nivel interno sostienen que “el objetivo de esta Ley de la Cadena Alimentaria debe ser garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, pero es muy difícil con regulaciones diferentes dentro de la UE, sin medidas de regulación de mercado y de protección de la producción europea en frontera”. Para Cooperativas, COAG y Asaja, “el Observatorio de la Cadena Alimentaria debe ser un instrumento de transparencia y referencia del mercado”.
El agua ocupa un lugar protagonista. “El Gobierno debe apostar de forma decidida por una política hidráulica con inversiones en infraestructuras”, señalan. “La situación que vive el campo es desastrosa debido al déficit hídrico por la falta de lluvias, la mala gestión de los recursos hídricos en las distintas cuencas y la falta de inversiones en infraestructuras durante décadas impide que, cuando llueve, esa agua pueda ser almacenada para utilizarla en épocas de escasez”, por lo que demandan “una apuesta decidida por el agua a nivel político, que incluya todas las fuentes posibles fruto de una estrategia consensuada entre administraciones”.
En materia de trabajo, el documento propone la “adaptación de la Reforma Laboral a las necesidades del campo por circunstancias de producción”, con la aplicación de los contratos de 90 días en las campañas agrarias cuando haya necesidades de producción que lo requieran o las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social ante la subida del SMI.
Piden también “medidas de apoyo reales al relevo generacional”; “poner a disposición líneas de financiación bonificadas para 2024 (la actual línea ICO-MAPA-SAECA permite bonificar de forma general el 12% del principal de los préstamos, y el 15% en el caso de los de las explotaciones ganaderas) para los sectores y territorios más afectados por la sequía, incluyendo aquellos agricultores de regadío afectados por la reducción de sus dotaciones”; la “adaptación de los límites de la Estimación Objetiva del IRPF (módulos) a 300.000 euros en el sector agrario debido a la inflación de precios”; y “garantizar el presupuesto necesario para cubrir las necesidades derivadas de los compromisos que se indican a continuación en seguros agrarios”.
Asimismo, solicitan “adaptar los compromisos y agenda del Pacto Verde a la realidad económica y social del sector productor” y también se propone “reconocer la importancia de la ganadería extensiva e intensiva” y la “suspensión de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE)”.
El foco en la Ley de la Cadena
Durante su intervención en esta rueda de prensa, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, puso el foco en la Ley de la Cadena, que no va a cumplir con el objetivo de "garantizar la rentabilidad de los productores". Retiró que esta norma debe respetar el modelo de empresa cooperativa y eliminar de su ámbito de actuación la relación socio-cooperativa, que ya está regulada en las leyes de cooperativas autonómicas y en la nacional.
Villafranca señaló que “no se puede confundir a los agricultores con esta ley que no es suficiente para garantizar la rentabilidad de sus explotaciones, y que en las cooperativas no está el problema de la cadena de valor”. El presidente de Cooperativas lamentó el incremento del número de inspecciones a las cooperativas para ver si cumplen con la vigente ley, unas actuaciones que no tienen sentido pues las cooperativas son las empresas de sus socios.
Por su parte, sobre el paquete de 43 medidas presentado por Planas que estas tres organizaciones rechazaron, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, explicó que “no entendimos esa premura para la firma” y que “había dentro del documento unas cosas que suponían un avance, sin duda, pero otras que estaban abiertas, y que el final de esas propuestas que estaban sobre la mesa podía ser lo que nosotros pedíamos o podían ser otra cosa, con lo cual se creó un clima de desconfianza y de inseguridad”.
Según Padilla, el documento alternativo presentado por COAG, Asaja y Cooperativas es “constructivo” cuyo principal objetivo es “buscar soluciones”.
