27/11/2024
Los regantes aseguran que solo se han ejecutado tres de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos, por lo que tres de cada diez (29,2%) de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han construido, pese a haberse aprobado en los diferentes planes de cuenca y contar con sus informes preceptivos.
Así se refleja en el ‘Plan de acción frente a DANAS’, presentado por este organismo el 27 de noviembre y del que también se desprende que el agujero en la inversión en obras de regulación en los anteriores Planes Hidrológicos asciende hasta los 3.000 millones de euros, lo que agrava el riesgo que suponen los fenómenos climatológicos más extremos.
El presidente de la Federación, Juan Valero de Palma, ha señalado las cuantiosas pérdidas sufridas por los agricultores como consecuencia de la DANA. “Más de 250 millones de euros de daños en infraestructuras de riego, más de 70.000 hectáreas inundadas, pérdida de cosechas y de arbolado”, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
En el caso de los regantes, “los daños llegan en algunos casos al 80% del valor de las infraestructuras de las comunidades de regantes” y apenas el 10% de dichas comunidades tienen las conducciones y las balsas aseguradas por daños propios, de acuerdo con los datos recabados por EPG Salinas y facilitados por Fenacore.
Actuaciones prioritarias
La Federación apunta que el informe que cuantifica los efectos de la DANA en el regadío demuestra la necesidad de proyectar en el siguiente ciclo de planificación hidráulica obras de regulación que respondan al principio básico de coste-beneficio. En concreto, los agricultores urgen a construir las 27 presas aprobadas en los anteriores planes hidrológicos. “Una de las numerosas utilidades que tienen los embalses es la laminación de avenidas, se salvan vidas y se salvan daños. Una DANA no se puede evitar, pero se pueden minimizar sus consecuencias”, ha indicado Juan Valero.
Entre las actuaciones prioritarias para mitigar las consecuencias de futuros temporales, los regantes destacan la limpieza de cauces, así como el encauzamiento de ríos y barrancos. Del mismo modo, no recomienda construir ni rehabilitar viviendas dañadas en zonas inundables. La Federación sostiene que estas actuaciones habrían servido para atenuar las terribles consecuencias que tuvieron las últimas riadas.
En relación con las ayudas, Fenacore valora los 444,5 millones de euros en ayudas al sector agrario aprobados por el Gobierno. No obstante, pide que las ayudas sean ágiles y directas, así como ampliar las zonas declaradas catastróficas y eximir del pago de la potencia eléctrica contratada a los agricultores afectados. También pide destinar a la ejecución de nuevas obras hidráulicas los 2.500 millones de euros presupuestados en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos para derribar presas.
Finalmente, admiten su preocupación por que en el nuevo ciclo de planificación hidrológica se priorice el ecologismo y la biodiversidad y advierten de que el Ejecutivo comunitario no debería priorizar la filosofía ambientalista sobre la planificación hidrológica, obviando sus bondades para mitigar efectos climatológicos adversos.
En este sentido, Juan Valero ha instado a “ser capaces de encontrar un consenso, con lógica, siguiendo criterios científicos y técnicos, para hacer que la naturaleza no domine al ser humano. Tendremos que encontrar un equilibrio razonable entre la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social”.
