Los productos fitosanitarios están sometidos a estrictos controles de seguridad para garantizar la inocuidad de los alimentos, la seguridad del consumidor y del agricultor y la calidad del producto. Estas máximas no están reñidas con la sostenibilidad y el respeto al Medio Ambiente, de hecho el Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios 2025-2029, según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “plasma la ambición de España en materia de uso sostenible de los productos fitosanitarios y se centra en la protección y preservación de la salud humana, el medioambiente, la biodiversidad, la agricultura y la alimentación saludable de la población, a la vez que vela por mantener la rentabilidad de las explotaciones agrícolas”.
Carlos Palomar, director general de AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas), afirma que “los productos fitosanitarios son a las plantas lo que los medicamentos a las personas. La ciencia pone a disposición de los agricultores las herramientas que garantizan la rentabilidad de sus explotaciones, la viabilidad del mundo rural y la seguridad de los alimentos que consumimos cada día”.
Por su parte Javier Arizmendi, director de Operaciones de Zerya, sostiene que “desde luego no se puede entender una agricultura, una producción alimentaria en cantidad y rentable sin los fitosanitarios, que han sido creados para que el agricultor consiga una máxima productividad y una máxima calidad”.
Exigentes controles
La legislación es estricta en el control de los fitosanitarios, de hecho, en opinión de Arizmendi, “la legislación europea al respecto es la mejor del mundo en relación a garantías y seguridad para el consumidor; en ella se garantiza o salvaguarda la máxima inocuidad del alimento. Es más, la CE se rige por el principio de prudencia, es decir, si hay una mínima sospecha de que una sustancia pueda ser potencialmente tóxica, jamás se aprobará hasta que se demuestre que no lo es”.
Además, el Plan de Acción Nacional pretende que el uso de los productos fitosanitarios sea cada vez “más racional y preciso”; entre las medida puestas en marcha para el control del uso de los fitosanitarios se encuentra el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios (ROPO), el Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones (RETO), los sistemas armonizados de formación de usuarios profesionales de productos fitosanitarios y las guías y el sistema de asesoramiento en Gestión Integrada de Plagas (GIP) a las explotaciones agrícolas.
Estas medidas están en consonancia con el compromiso de los agricultores, que se han adaptado a los controles y a las nuevas exigencias legislativas, conscientes de que la rentabilidad de sus cultivos es un objetivo que va de la mano de la seguridad y de la sostenibilidad.
Así lo corrobora Carlos Palomar, “los agricultores españoles y europeos han demostrado no solo su profesionalidad sino la voluntad de seguir invirtiendo y formándose en las nuevas tecnologías aplicadas al agro que llegan al mercado. Por eso el futuro de los fitosanitarios se vislumbra ligado indiscutiblemente a la innovación agrícola, “gracias a la investigación y al desarrollo del sector, los productos convencionales y biosoluciones serán cada vez más eficaces y seguros”.
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