06/05/2025
AGRICULTURA. Ha pasado menos de un año desde su nombramiento, pero han sido meses muy intensos. ¿Con qué prioridades afronta lo que queda de legislatura?
MIGUEL BARRACHINA. Cierto, solo llevo nueve meses en esta responsabilidad, pero tengo la sensación de llevar toda la vida, la sequía primero y sobre todo la dramática riada nos han hecho multiplicar esfuerzos y dedicación, para estar a la altura de nuestros agricultores y ganaderos.
En estos momentos, nuestro objetivo prioritario es restablecer el pleno potencial productivo del territorio afectado por las riadas el pasado octubre, garantizando la continuidad de la actividad agrícola y ganadera. Con este fin, destinamos 145 millones de euros orientados a reparar los daños sufridos y asegurar la recuperación del sector.
Al mismo tiempo, trabajamos intensamente para asegurar unas condiciones de competencia justas para nuestros agricultores. Por eso defendemos la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países, de manera que los productos importados cumplan los mismos estándares de calidad, sostenibilidad y seguridad que exigimos a nuestros productores.
Asimismo, es prioritario frenar la entrada de plagas que afectan gravemente a nuestros cultivos. Reclamamos que el tratamiento en frío se aplique de forma generalizada a todos los cítricos y a un mayor número de cultivos importados, garantizando su correcta aplicación y eficacia en todos los puntos de entrada a la UE.
Otra línea clave es la simplificación administrativa. El Consell de Carlos Mazón tiene un firme compromiso con la reducción de trabas burocráticas. Nuestro sector agrario presenta la edad media más alta de España y las explotaciones, en su mayoría minifundistas, no pueden soportar más cargas administrativas. Nuestro deber es facilitar el trabajo en el campo, no obstaculizarlo.
AGR. El 21 de febrero tuvo ocasión de charlar con el comisario Christophe Hansen durante su visita a Valencia, en la que se interesó por las consecuencias de la sequía y de la DANA. ¿Cuáles son las principales dificultades que afectan todavía a los agricultores de la región y qué haría falta para volver a la normalidad?
M. B. Tras una etapa de radicalismo ecológico a nivel UE, veo con muchísima esperanza el nombramiento de Christophe Hansen como comisario europeo de Agricultura y Alimentación, porque conoce el sector y habla el mismo lenguaje que los agricultores y ganaderos. Su visita al Palau de la Generalitat fue una oportunidad clave para trasladarle de primera mano las dificultades que atraviesa el campo valenciano, especialmente tras un año marcado por fenómenos extremos como la sequía persistente y la DANA del pasado octubre.
A día de hoy, las principales dificultades que persisten son la recuperación total de las infraestructuras agrarias afectadas, la reposición de cultivos y ganado en las zonas más castigadas, y la falta de liquidez en muchas explotaciones. A esto se suman problemas estructurales, como la competencia desleal por parte de productos importados que no cumplen con los estándares europeos, la entrada de plagas foráneas y la carga burocrática.
Para volver a una situación de normalidad, o incluso mejorarla, necesitamos tres cosas fundamentales: agilidad en la llegada de las ayudas por parte del Gobierno central, un mayor compromiso de la UE con medidas que protejan de verdad al agricultor europeo frente a terceros países, y una apuesta decidida por la simplificación administrativa. El campo valenciano necesita confianza, herramientas y reglas justas para poder seguir adelante. Desde el Consell, estamos plenamente comprometidos en facilitar ese camino.
AGR. Siguiendo con la Comisión Europea, ha publicado recientemente su ‘visión para la agricultura y la alimentación’. ¿Qué opinión le merece?
M. B. Es un paso importante y valoramos que se abra un espacio de reflexión estratégica sobre el futuro del sector. Sin embargo, desde la Comunitat Valenciana consideramos que esta visión debe traducirse en medidas concretas y realistas que respondan a las verdaderas necesidades del campo.
El sector agroalimentario valenciano es innovador, sostenible y altamente profesionalizado, pero necesita apoyo claro para afrontar los grandes retos que tiene por delante, como la competencia internacional desleal, la presión normativa y la falta de relevo generacional. Por eso, cualquier estrategia europea debe poner el foco en proteger al agricultor como eje central del sistema agroalimentario y garantizar una rentabilidad.
Si esa visión se concreta en políticas que apuesten por el producto local y de proximidad, que defiendan las mismas reglas para todos dentro y fuera de la UE y que simplifiquen la burocracia, entonces, sin duda, será positiva para nuestro campo. Pero lo que necesitamos ahora no son solo declaraciones de intenciones, sino decisiones valientes y eficaces.
AGR. Precisamente, la hoja de ruta agroalimentaria de la CE habla, entre otras prioridades, de simplificar la normativa. Su departamento ha manifestado su compromiso con la reducción de la burocracia, hasta el punto de aprobar la Ley de Simplificación Administrativa. ¿Qué ventajas supone para el sector y qué otras medidas han impulsado en este sentido?
M. B. La simplificación administrativa es una prioridad absoluta para este gobierno. Creemos que los agricultores, ganaderos y pescadores deben poder centrarse en lo que mejor saben hacer: producir alimentos de calidad, generar riqueza y sostener nuestro medio rural. No podemos seguir permitiendo que la excesiva carga burocrática sea una barrera para su trabajo diario.
La recientemente aprobada Ley de Simplificación Administrativa supone un avance muy importante en este sentido. Entre otras medidas, permite agilizar la tramitación de licencias ambientales, reducir los plazos y eliminar trámites duplicados o innecesarios. Esto se traduce directamente en una reducción de costes económicos y de tiempos para las explotaciones, especialmente en el ámbito ganadero, y aporta seguridad jurídica y eficiencia para el conjunto del sector primario en la Comunitat Valenciana.
Un ejemplo claro de esta postura es nuestra oposición a la implantación obligatoria del cuaderno digital de explotación. Compartimos la necesidad de avanzar en la modernización del sector, pero no a costa de imponer herramientas que generan confusión, costes adicionales y una carga desproporcionada, especialmente para explotaciones pequeñas o de titularidad familiar.
Además, hemos derogado la Ley 2/1989 de Evaluación Ambiental y su reglamento, el Decreto 162/1990, eliminando así la duplicidad con la Ley estatal 21/2013. Con esta decisión, evitamos problemas interpretativos y simplificamos la tramitación ambiental.
Nuestro modelo de simplificación parte del sentido común: menos burocracia, más agilidad, más acompañamiento y más libertad para que el sector primario pueda ser competitivo y sostenible en el tiempo.
AGR. Por último. ¿Cómo cree que afectará la convulsa situación geopolítica al sector agroalimentario valenciano?
M. B. Estamos especialmente vigilantes ante acuerdos comerciales que puedan suponer un perjuicio para nuestros productores.
Hemos exigido que cualquier acuerdo entre la Unión Europea y terceros países, como el tratado UE-Mercosur, sea justo, equilibrado y proteja de forma efectiva a los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana.
El actual borrador del acuerdo con Mercosur, tal y como está planteado, beneficia claramente las exportaciones de esos países hacia la UE, sin promover en la misma medida el acceso de nuestros productos a esos mercados. Esta falta de reciprocidad genera una competencia desleal que pone en riesgo nuestro modelo agrario y la supervivencia de miles de explotaciones que cumplen rigurosamente con todas las normas europeas.
Desde la Comunitat Valenciana vamos a seguir reclamando medidas firmes de defensa del sector primario.
